El gobierno de México prepara una iniciativa para obligar a las plataformas digitales a retirar contenidos que inciten a la violencia, después del ataque ocurrido el 1 de octubre en una secundaria de Torreón, Coahuila, donde murió una subdirectora y otras personas resultaron heridas. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció este 2 de octubre la creación de un grupo de trabajo encargado de elaborar la propuesta y dijo que el gobierno espera presentarla la próxima semana. De acuerdo con la Presidencia, el objetivo será establecer mecanismos para que las plataformas identifiquen, eliminen y prohíban contenidos vinculados con actos violentos, particularmente aquellos que puedan influir sobre niñas, niños y adolescentes. Reuters informó que la propuesta contemplaría obligar a las empresas de redes sociales a retirar material que incite a la violencia.
El anuncio se produjo un día después del ataque contra la Escuela Secundaria Número 13, ubicada en el ejido La Unión, en Torreón, Coahuila. Dos hermanos de 18 años, ambos exalumnos del plantel, ingresaron durante la mañana armados con machetes y artefactos explosivos improvisados y atacaron a integrantes de la comunidad escolar. La subdirectora del turno matutino, Nery Edith Narváez González, murió durante la agresión. Los reportes posteriores situaron en cuatro el número de personas lesionadas, entre ellas docentes y estudiantes; algunos de los heridos fueron reportados en estado grave. Vecinos de la zona intervinieron y sometieron a los agresores hasta la llegada de las autoridades, que los detuvieron. La Fiscalía de Coahuila mantiene abierta la investigación sobre el móvil y las circunstancias del ataque.
La medida todavía se encuentra en una etapa de diseño y el gobierno no ha publicado el texto de la iniciativa. Esto deja abiertas preguntas centrales sobre su alcance: qué se considerará exactamente “contenido violento” o “incitación a la violencia”, quién podrá solicitar su eliminación, qué obligaciones de vigilancia tendrán las plataformas y qué mecanismos existirán para impugnar decisiones de retiro. La diferencia entre esas categorías será relevante. Una regla limitada a amenazas concretas o llamados directos a cometer actos violentos es jurídicamente más acotada que una disposición que permita retirar material simplemente por considerarlo dañino, perturbador o relacionado con violencia. La redacción final determinará qué margen tendrán las autoridades y las propias plataformas para interpretar esos conceptos.
Definición de contenido violento pendiente
También quedará por definir el tratamiento de contenidos que muestran violencia con fines distintos de promoverla: cobertura periodística, documentación de abusos, investigación académica, archivo histórico, sátira, protesta política o material utilizado como evidencia. Los sistemas automatizados de moderación ya enfrentan dificultades para distinguir entre un contenido que glorifica una agresión y otro que la documenta o denuncia.
El anuncio de este jueves, sin embargo, no constituye el primer intento del gobierno de Sheinbaum por construir mecanismos de intervención sobre contenidos y plataformas digitales. En noviembre de 2025, la Secretaría de las Mujeres informó que trabajaba con empresas tecnológicas ante lo que describió como un exceso de violencia y odio en redes sociales. En ese momento, Sheinbaum planteó privilegiar inicialmente un mecanismo voluntario: que las propias plataformas retiraran contenidos que ya pudieran estar tipificados como delitos, antes de avanzar hacia una prohibición establecida directamente por ley.
Ese esquema se concretó en marzo de 2026, cuando el gobierno federal firmó con Google, Meta y TikTok un acuerdo voluntario para combatir la violencia digital contra mujeres y niñas. El convenio creó canales permanentes de comunicación entre las autoridades y las plataformas y contempló protocolos para agilizar la eliminación de imágenes o publicaciones relacionadas con este tipo de violencia.
Más casos en revisión
Durante la presentación de ese acuerdo, Sheinbaum sostuvo que existían otros problemas relacionados con las plataformas que requerían una discusión nacional y mencionó distintas formas de violencia y el uso de cuentas anónimas. En ese momento aclaró que esos asuntos todavía no habían sido discutidos con las empresas. Meses después, el alcance de la discusión se amplió hacia niñas, niños y adolescentes. En julio, el gobierno anunció una serie de foros regionales destinados a construir una propuesta nacional para regular el uso de plataformas digitales y redes sociales entre menores y posteriormente enviarla al Congreso de la Unión. La Presidencia presentó esa discusión como un proceso de consulta y consenso, no únicamente como una política de prohibición.
En agosto, el gobierno precisó que buscaba presentar una propuesta de regulación para el siguiente ciclo escolar y vinculó la discusión con los efectos de los mecanismos de diseño de las redes sociales sobre el comportamiento y la atención de niñas, niños y adolescentes. La administración también abrió una consulta nacional sobre el uso de teléfonos celulares en las escuelas.
La nueva iniciativa anunciada después del ataque de Torreón representa un cambio importante respecto de esos antecedentes: pasa de acuerdos voluntarios y consultas sobre el uso de plataformas a la posibilidad de establecer obligaciones legales de retiro de contenidos.
Ley de Telecomunicaciones: antecedente
México ya había enfrentado una controversia similar sobre libertad de expresión digital durante la discusión de la reforma a la Ley de Telecomunicaciones en abril de 2025. Después de críticas por un artículo relacionado con plataformas digitales, Sheinbaum pidió modificar o eliminar su redacción y sostuvo que su gobierno no buscaba censurar publicaciones en internet.
Ese antecedente vuelve especialmente relevante la redacción de la nueva propuesta. La propia administración ha sostenido anteriormente que la regulación de plataformas debe ser compatible con la libertad de expresión, mientras ahora busca establecer un mecanismo obligatorio para retirar determinado tipo de contenido.
La experiencia internacional muestra que ese equilibrio suele concentrarse en las definiciones. Reuters señala que países como Australia y Reino Unido, así como la Unión Europea, han adoptado normas que aumentan las responsabilidades de las plataformas frente a contenidos considerados dañinos o ilegales, mientras Brasil y otros países latinoamericanos han discutido medidas similares
Vinculación legal no definida
En México, todavía no está claro si la iniciativa seguirá un modelo centrado en contenidos ilegales específicos, por ejemplo, amenazas o llamados directos a cometer delitos, o si utilizará categorías más amplias relacionadas con violencia, daño o riesgo para menores.
Tampoco se conoce si las plataformas deberán buscar ese contenido de manera proactiva mediante sistemas automatizados, si actuarán únicamente ante reportes o requerimientos oficiales, ni si el gobierno podrá solicitar la entrega de información asociada con las cuentas responsables de determinadas publicaciones.
Esos detalles determinarán el alcance real de la propuesta. Por ahora, el gobierno ha presentado la medida como una respuesta de prevención frente a contenidos que puedan fomentar comportamientos violentos y como parte de una política más amplia de protección a menores en entornos digitales. La iniciativa aún no ha sido presentada formalmente y, por tanto, todavía no es posible establecer qué contenidos concretos quedarían sujetos a retiro ni qué salvaguardas contendrá para expresiones legítimas.
Lo que sí puede observarse es una evolución de la política digital del gobierno de Sheinbaum durante los últimos dos años: primero buscó acuerdos voluntarios con las plataformas para atender formas específicas de violencia, después abrió una discusión nacional sobre algoritmos y menores y ahora prepara una propuesta que podría convertir parte de esas prácticas de moderación en obligaciones legales.
El punto decisivo estará en el texto que el gobierno presente la próxima semana: cómo definirá la incitación a la violencia, quién tendrá autoridad para determinar que una publicación cruza esa línea y qué procedimientos existirán para evitar que una medida diseñada para retirar contenidos delictivos alcance también información, crítica política, periodismo o expresión legítima.
