La Secretaría de Marina contempla fabricar 762 drones bombarderos y 381 drones kamikaze como parte de su modernización militar. Sin embargo, también pide ante Naciones Unidas un tratado que preserve el control humano sobre el uso de la fuerza. Documentos oficiales permiten reconstruir los programas tecnológicos, las capacidades conocidas y los vacíos de información que permanecen sobre su desarrollo.
La Secretaría de Marina de México contempla la fabricación de 1,143 drones con capacidades ofensivas, entre ellos 762 bombarderos y 381 de tipo kamikaze, dentro de un programa de modernización militar que también prevé incorporar inteligencia artificial, robótica y sensores avanzados a las operaciones de combate. La información aparece en una publicación institucional del 9 de septiembre de 2025, denominada El futuro de la Infantería de Marina, que establece las prioridades tecnológicas de la fuerza naval mexicana.
El proyecto adquiere relevancia ante la Séptima Conferencia de Examen de la Convención sobre Ciertas Armas Convencionales de Naciones Unidas, programada del 16 al 20 de noviembre de 2026 en Ginebra. En ese encuentro, los Estados deberán examinar los avances de las negociaciones sobre sistemas de armas autónomas letales y decidir cómo continuará el proceso de regulación internacional. México figura entre los países que han solicitado un instrumento jurídicamente vinculante para garantizar que las decisiones sobre el uso de la fuerza permanezcan bajo control humano.
Los documentos consultados no permiten afirmar que México haya desarrollado o desplegado armas capaces de seleccionar y atacar objetivos sin intervención humana. Tampoco acreditan que la totalidad de los drones proyectados por la Marina haya sido fabricada. Sin embargo, la documentación oficial revela la expansión de las capacidades militares no tripuladas y abre preguntas sobre los mecanismos que utilizan las Fuerzas Armadas para determinar qué funciones pueden automatizarse y cuáles deben permanecer bajo supervisión humana.
Un programa militar que incorpora inteligencia artificial
La modernización de la Infantería de Marina está organizada alrededor de cinco ejes: estructura orgánica, tecnología, vehículos, vestuario y educación. En materia tecnológica, el plan propone utilizar inteligencia artificial para mejorar el conocimiento del entorno operacional, robótica para intervenir en ambientes peligrosos y sensores avanzados para aumentar la eficacia en combate. También contempla crear secciones especializadas de drones con funciones ofensivas, de reconocimiento y de defensa contra otras aeronaves no tripuladas.
La cifra de 1,143 drones corresponde a una proyección de fabricación a corto plazo. El documento no establece una fecha específica de conclusión ni identifica cuántos dispositivos se han construido, probado, contratado o entregado. Tampoco detalla sus sistemas de navegación, reconocimiento de objetivos o control de armamento. Aunque la incorporación de inteligencia artificial y la fabricación de drones ofensivos forman parte del mismo eje de modernización, la publicación no demuestra que los drones anunciados incorporen necesariamente algoritmos de selección autónoma de objetivos.
El Programa Sectorial de Marina 2025-2030, publicado en el Diario Oficial de la Federación, ofrece una perspectiva más amplia. El documento establece como línea de acción la implementación de plataformas digitales de análisis de datos e inteligencia artificial para anticipar amenazas, optimizar decisiones y fortalecer las capacidades de disuasión. También prevé modernizar los sistemas de inteligencia, vigilancia, detección, comunicaciones y mando y control de la Armada.
En conjunto, ambos documentos muestran que la incorporación de inteligencia artificial forma parte de una política institucional de modernización militar. Sin embargo, todavía no permiten conocer cómo se conectarán los sistemas de análisis de información, reconocimiento y toma de decisiones con las plataformas ofensivas proyectadas.
Los drones que la Marina ya reconoce
El 27 de mayo de 2026, durante una conferencia de prensa presidencial, el secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, informó que la institución disponía de nueve sistemas aéreos no tripulados y 99 drones y equipos antidrones. También señaló que la dependencia fabricaba drones en sus centros de desarrollo tecnológico, junto con radios, sistemas antidrones y vehículos blindados.
Estas cifras proporcionan una referencia oficial sobre las capacidades existentes, aunque no permiten establecer cuántos dispositivos están armados. Los nueve sistemas aéreos tampoco deben interpretarse automáticamente como nueve aeronaves individuales, pues un sistema no tripulado puede comprender distintas plataformas y componentes de apoyo. La categoría de 99 drones y antidrones reúne, además, equipos con funciones potencialmente distintas.
La Marina amplió la exhibición pública de sus desarrollos durante los preparativos del desfile militar de septiembre de 2026. De acuerdo con El Universal, la institución anunció la presentación de sistemas autónomos con herramientas de inteligencia artificial, un dron de largo alcance descrito como plataforma estratégica de proyección extendida y un vehículo autónomo de superficie destinado al reconocimiento. Los equipos fueron presentados como parte de las capacidades desarrolladas por el Instituto de Investigación y Desarrollo Tecnológico de la Armada.
La información confirma que la autonomía y la inteligencia artificial ya forman parte de las capacidades tecnológicas que la Marina presenta públicamente. No obstante, un vehículo autónomo de reconocimiento no equivale necesariamente a un arma autónoma letal. La navegación independiente, el procesamiento de sensores y la aplicación de fuerza son capacidades diferentes, aunque pueden integrarse en una misma arquitectura.
Defensa desarrolla sistemas de armamento controlados a distancia
La Secretaría de la Defensa Nacional también cuenta con programas de modernización tecnológica del armamento terrestre. Uno de los más documentados es el Sistema de Accionamiento Remoto de Armas de Fuego, SARAF Balam, desarrollado por la Dirección General de Industria Militar para su instalación en vehículos blindados.
La memoria documental Sistemas y Proyectos desarrollados en beneficio de las Fuerzas Armadas, correspondiente al periodo 2018-2024, registra que el desarrollo de SARAF Balam 2 se realizó entre marzo de 2017 y julio de 2021, mediante un convenio de colaboración con el Centro de Investigación en Matemáticas y el Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial. El proyecto tuvo como objetivo desarrollar un sistema de armas para vehículos terrestres.
En septiembre de 2026, el teniente coronel Noé Gómez Gutiérrez, subdirector de Ingeniería de la Dirección General de Industria Militar, explicó a Infodefensa que SARAF Balam 1 ya había sido proporcionado a unidades de Infantería y Caballería, mientras que la segunda versión se encontraba validada y lista para fabricación en serie. Balam 1 admite ametralladoras de calibres 5.56 y 7.62 milímetros; Balam 2 está diseñado para ametralladoras de 12.7 milímetros y lanzagranadas de 40 milímetros, e incorpora capacidades de visión térmica, diurna y nocturna.
A diferencia de un arma autónoma letal, SARAF Balam utiliza un operador que observa mediante cámaras, apunta y acciona el disparador a distancia. Su diseño permite proteger al personal dentro del vehículo blindado, pero la documentación disponible no identifica una función de selección y ataque autónomos.
El programa resulta relevante para distinguir la automatización mecánica del armamento, la asistencia tecnológica al operador y la autonomía en la selección de objetivos. Aunque estas capacidades pueden coincidir en desarrollos futuros, no deben confundirse al evaluar los sistemas que actualmente utiliza el Ejército mexicano.
Un expediente técnico de drones permanecerá reservado hasta 2030
La revisión documental también identificó información clasificada dentro de los registros públicos de la Secretaría de Marina. El Índice de Expedientes Reservados correspondiente al segundo semestre de 2025 incluye el Acta número 108, bajo responsabilidad de DIGADARM, relativa a las especificaciones técnicas de un kit de ensamble para dron. La clasificación fue confirmada el 13 de noviembre de 2025 por un plazo de cinco años, con fecha prevista de término el 13 de noviembre de 2030. El documento señala que la reserva comprende la totalidad del expediente.
La dependencia justifica la reserva al considerar que la divulgación de las características del kit podría comprometer la capacidad de defensa del territorio nacional y la seguridad interior del Estado. Sin embargo, el índice no establece si ese equipo está relacionado con los drones bombarderos y kamikaze proyectados por la Infantería de Marina, ni permite determinar si corresponde a un programa de adquisición, desarrollo o fabricación institucional.
La existencia de información técnica reservada es compatible con las restricciones legales aplicables a determinados proyectos militares. No demuestra por sí misma una irregularidad. Sin embargo, la reserva deja sin respuesta preguntas sobre la naturaleza del equipo, su posible integración con otros sistemas militares y el alcance de la documentación administrativa disponible para evaluar estos programas.
En este escenario, será necesario distinguir entre las características operativas cuya divulgación puede representar un riesgo para la seguridad nacional y los datos administrativos necesarios para la rendición de cuentas, como presupuestos, montos ejercidos, avances de fabricación y mecanismos de evaluación de los proyectos.
México pide a la ONU que las decisiones sobre la fuerza permanezcan en manos humanas
La posición diplomática mexicana introduce otra dimensión de la investigación. En una contribución presentada el 10 de abril de 2025 a Naciones Unidas, posteriormente incorporada al informe A/80/78 del secretario general, México solicitó iniciar negociaciones para un instrumento jurídicamente vinculante que establezca prohibiciones y restricciones sobre armas autónomas letales. El documento expresa preocupación por el desplazamiento del juicio humano en decisiones críticas, la pérdida de evaluación contextual y las dificultades para atribuir responsabilidades cuando se automatiza el uso de la fuerza.
«México señala que, dados los diferentes contextos operacionales militares en los que podría incorporarse esta tecnología, la IA podría tener impactos diferenciados.
En el contexto de un conflicto armado, debe garantizarse que cualquier tecnología basada en IA se utilice de conformidad con el derecho internacional humanitario, en particular los principios de distinción, proporcionalidad, precaución y humanidad.
En el ámbito de las operaciones de mantenimiento de la paz y la respuesta a desastres, la IA puede contribuir positivamente a la coordinación logística, la predicción de riesgos y la atención a las poblaciones afectadas, siempre que se respete plenamente el marco de derechos humanos,» señala el documento.
La propuesta mexicana establece que la responsabilidad por el uso de la fuerza no debe transferirse a las máquinas y que las decisiones de despliegue, activación o intervención sobre los sistemas armados deben permanecer bajo autoridad humana. También solicita prohibir sistemas incapaces de distinguir objetivos militares de civiles, evaluar adecuadamente los daños incidentales, cancelar ataques injustificados o evitar sufrimientos innecesarios.
En su intervención del 8 de octubre de 2025 ante la Primera Comisión de la Asamblea General, la representación mexicana reiteró su preocupación por la sustitución algorítmica de decisiones fundamentales en la conducción de la guerra. También pidió adoptar un instrumento vinculante sin más demoras ni condiciones previas.
La postura tiene un antecedente todavía más específico. En su contribución de 2024 al informe A/79/88, México sostuvo que mantener una persona involucrada en la selección de objetivos y la aplicación de la fuerza no basta, por sí solo, para resolver los riesgos de incompatibilidad con el derecho internacional humanitario. El país defendió que el control humano debe ser sustantivo y no meramente nominal.
Esto significa que la posición mexicana no se reduce a exigir que una persona conserve la capacidad de autorizar un disparo. También reconoce la importancia de las condiciones en las que se toma esa decisión, la previsibilidad del funcionamiento de los sistemas y la posibilidad efectiva de ejercer control sobre ellos.
La pregunta pendiente para las Fuerzas Armadas mexicanas
Los documentos militares y diplomáticos examinados pertenecen a ámbitos distintos de la actuación del Estado mexicano. La Marina y Defensa desarrollan capacidades tecnológicas para sus operaciones, mientras la representación mexicana ante Naciones Unidas participa en la elaboración de propuestas internacionales para regular el uso de armas autónomas.
Estas actividades no son necesariamente incompatibles. Los drones armados controlados a distancia, los sistemas de reconocimiento automatizado y los vehículos capaces de navegar independientemente no quedan automáticamente comprendidos en la definición de armas autónomas letales. El Comité Internacional de la Cruz Roja distingue estos sistemas de aquellos que, una vez activados, pueden seleccionar objetivos y aplicar fuerza sin intervención humana adicional.
Sin embargo, el desarrollo de nuevas capacidades obliga a formular una pregunta sobre la aplicación interna de los principios que México promueve internacionalmente: ¿qué mecanismos utilizan las Fuerzas Armadas para garantizar que la autonomía tecnológica no sustituya el juicio humano en decisiones críticas sobre el uso de la fuerza?
La información pública examinada no permite determinar qué criterios de control humano se aplican específicamente a los 1,143 drones proyectados por la Marina. Tampoco acredita que esos equipos incorporen sistemas de identificación automática de objetivos o que puedan ejecutar ataques sin una nueva autorización humana.
La cuestión resulta especialmente relevante si se considera la evolución de los sistemas militares con inteligencia artificial. La autonomía puede incorporarse progresivamente mediante navegación, vigilancia, reconocimiento, clasificación de objetos y asistencia a decisiones, sin que necesariamente se automatice la ejecución final de un ataque.
En ese contexto, la existencia de un operador humano no explica por sí sola si la persona dispone de información suficiente para verificar las recomendaciones de un sistema, comprender sus limitaciones y rechazar una acción cuando las circunstancias lo exijan.
De los programas de modernización a la mesa de Ginebra
El 16 de noviembre comenzará en Ginebra la Séptima Conferencia de Examen de la Convención sobre Ciertas Armas Convencionales. Los debates específicos sobre sistemas de armas autónomas están programados para los días 17, 18 y 19, cuando los Estados examinarán las propuestas elaboradas por el Grupo de Expertos Gubernamentales y las posibilidades de continuar con un instrumento internacional.
México llegará al debate con una posición diplomática favorable a las prohibiciones y restricciones jurídicamente vinculantes. Al mismo tiempo, sus Fuerzas Armadas mantienen programas de modernización que incorporan drones, robótica, inteligencia artificial y sistemas de armamento operados a distancia.
No existe evidencia pública suficiente para afirmar que el país haya desplegado sistemas capaces de seleccionar y atacar objetivos letales sin intervención humana. Pero la documentación sí permite establecer que México está desarrollando capacidades militares cuyo grado de autonomía tendrá que ser definido y evaluado.
El desafío no consiste únicamente en determinar cuántas armas incorporan inteligencia artificial, sino en identificar qué decisiones delegan a las máquinas y bajo qué condiciones intervienen las personas.
Si México sostiene ante Naciones Unidas que el control humano sobre las armas debe ser sustantivo y no solamente nominal, la siguiente pregunta es cómo traduce ese principio a sus propios programas militares. La respuesta requiere conocer el avance de los proyectos, sus funciones automatizadas, los mecanismos de autorización y las evaluaciones que las instituciones realizan antes de incorporar esas tecnologías a sus operaciones.
