Comunidades indígenas del oriente de Michoacán acusan a la Central Geotermoeléctrica Los Azufres de contaminar agua, suelo y aire durante décadas. La CFE niega descargas contaminantes y defiende que opera bajo normas ambientales, pero estudios académicos y una queja reciente ante la CNDH mantienen abierto el caso.
La Central Geotermoeléctrica Los Azufres, operada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Michoacán, se ha convertido en el centro de un conflicto ambiental y sanitario que enfrenta a comunidades indígenas del oriente del estado con la empresa pública. Mientras la CFE sostiene que la planta opera con apego a la normatividad ambiental y sin generar contaminantes, habitantes de la región denuncian daños al agua, al suelo y a la salud comunitaria, en particular por el incremento de casos de enfermedad renal crónica.
El caso escaló el 30 de junio de 2026, cuando habitantes de la comunidad otomí de San Matías el Grande, municipio de Hidalgo, presentaron una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por presuntos daños ambientales en aire, tierra y agua relacionados con la operación de Los Azufres. De acuerdo con la denuncia reportada por La Jornada, las comunidades buscan que la CFE se haga responsable de las consecuencias que atribuyen a la instalación geotermoeléctrica en la región.
Los Azufres no es una planta menor dentro del sistema eléctrico mexicano. Según la propia CFE, la central cuenta con 242.36 megawatts de capacidad efectiva y en 2024 generó cerca de 40% de toda la energía geotermoeléctrica del país. Para la empresa, se trata de una fuente renovable que aprovecha vapor del subsuelo, lo usa para mover turbinas y luego reinyecta el agua a pozos receptores del campo geotérmico.
La versión oficial de CFE es clara: la central “no descarga aguas residuales ni de otro tipo”, cumple con la legislación ambiental sobre emisiones a la atmósfera y cuenta, o se encuentra en trámite de renovar, la Certificación de Industria Limpia nivel 2 ante Profepa. La empresa también afirma que Los Azufres utiliza únicamente agua para sus procesos de turbinado y enfriamiento, y que opera bajo estándares técnicos y ambientales.
Sin embargo, las comunidades sostienen otra historia. El Consejo Supremo Indígena de Michoacán acusa que, durante más de 30 años, la central ha contaminado agua, suelo y ambiente en comunidades de Hidalgo, Zinapécuaro y Maravatío, y vincula esa exposición con una crisis de enfermedad renal crónica. El CSIM afirma que en Zinapécuaro 56% de los manantiales analizados presentaría al menos un contaminante o elemento tóxico por encima de límites permisibles, mientras que en Hidalgo la cifra sería de 35%.
Las acusaciones comunitarias se apoyan en investigaciones recientes, pero también en antecedentes científicos de largo plazo. En el año 2000, un estudio publicado en la revista Water, Air, & Soil Pollution documentó contaminación de aguas superficiales y acuíferos someros dentro y fuera del campo geotérmico de Los Azufres durante monitoreos realizados entre 1994 y 1996. El trabajo identificó como posibles fuentes de contaminación fugas en estanques de evaporación y tuberías, desbordamientos ocasionales en pozos de reinyección y salidas de salmueras durante operaciones de rehabilitación o perforación.
Ese estudio, realizado por P. Birkle y B. Merkel, observó incrementos temporales o permanentes de hierro, manganeso, flúor, boro y arsénico en aguas superficiales del campo geotérmico y hasta 10 kilómetros fuera de él. También reportó valores máximos de 125 mg/L de boro y 8 mg/L de arsénico, además de salinización de suelos por descarga de salmueras geotérmicas.
«El monitoreo de aguas superficiales y acuíferos poco profundos dentro y fuera del campo geotérmico Los Azufres durante el período de noviembre de 1994 a mayo de 1996 llevó a la detección de cierta contaminación de aguas superficiales y acuíferos poco profundos debido a la explotación de las salmueras profundas. Las fugas de estanques de evaporación y tuberías, el desbordamiento ocasional de pozos de reinyección y bordes de estanques, así como el flujo de salmueras durante operaciones de rehabilitación o perforación, son fuentes potenciales de contaminación dentro del ciclo de producción geotérmica. Se observaron concentraciones de oligoelementos incrementadas temporal y/o permanentemente, especialmente Fe, Mn, F, B y As en aguas superficiales dentro del campo geotérmico, así como hasta 10 km fuera. Se observaron valores máximos de 125 y 8 mg L -1 para B y As, respectivamente.
«La descarga de salmueras geotérmicas hipersalinas también causa salinización de los suelos circundantes. Ocasionalmente sucede que el ganado bebe de las salmueras. El uso del río para riego y suministro de agua potable en las regiones circundantes puede provocar la acumulación de elementos tóxicos en la cadena alimentaria humana o poner en peligro la salud pública. El establecimiento de un ciclo cerrado de producción geotérmica se puede lograr mediante técnicas de remediación sencillas, como el sellado de las paredes de los estanques, la eliminación de los canales de desbordamiento, la reinyección directa sin tiempo de eliminación en estanques de evaporación, así como un sistema mejorado de seguridad y control», indica el estudio.
La discusión actual incorpora además una línea sanitaria: la enfermedad renal crónica de etiología no determinada en la región oriente de Michoacán. En 2023, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo informó que la extinta Conahcyt, (actualmente Secihti) avaló un proyecto de investigación sobre enfermedad renal crónica en la región oriente de Michoacán y su relación con condiciones naturales, impacto ambiental y factores psicosociales, con un apoyo presupuestario superior a 4.1 millones de pesos.
El libro derivado de esa investigación, Enfermedad renal crónica: Un enfoque interdisciplinario en salud física, ambiental y psicosocial en el oriente de Michoacán, plantea la necesidad de construir un diagnóstico integral sobre la relación entre exposición a contaminantes prioritarios y enfermedad renal crónica de etiología no determinada en la región. El documento identifica el problema como multifactorial, pero incluye entre sus preocupaciones la exposición a metales pesados y elementos presentes en zonas geotérmicas, como arsénico, boro y flúor.
El mismo volumen retoma antecedentes sobre Los Azufres y señala que se han encontrado niveles de arsénico por encima de límites permisibles en varios sitios de Zinapécuaro, San Pedro Jácuaro y áreas cercanas al campo geotérmico. También advierte que la presencia de arsénico, combinada con otros elementos potencialmente tóxicos y con las condiciones hidrogeológicas de la región, representa un riesgo potencial para la salud renal de la población expuesta.
Aun así, el punto más delicado del caso está en la causalidad. La evidencia disponible permite documentar contaminación asociada a fluidos geotérmicos, exposición a elementos tóxicos y una crisis renal reportada por comunidades e investigadores; pero establecer que todos los casos de enfermedad renal son causados directamente por la operación de la planta requiere estudios epidemiológicos, toxicológicos y ambientales actualizados, transparentes y aceptados por las partes. Esa distinción es clave porque el propio estudio interdisciplinario describe la enfermedad renal crónica como un fenómeno complejo que involucra factores físicos, ambientales, comunitarios y psicosociales.
Un enfoque interdisciplinario en
salud física, ambiental y psicosocial
en el oriente de Michoacán
El conflicto también se concentra en la infraestructura de manejo de fluidos. En junio de 2026, el CSIM acusó que la CFE reportó ante Profepa la existencia de 33 presas de enfriamiento, de las cuales 18 contarían con recubrimiento de concreto reforzado, tres con geomembrana y 12 no tendrían ningún tipo de recubrimiento. Para las comunidades, esto equivale a 36.3% de presas sin protección adecuada, lo que elevaría el riesgo de filtraciones hacia acuíferos.
La queja ante la CNDH coloca el caso en un terreno de derechos humanos: el derecho al agua, a la salud y a un medio ambiente sano. Las comunidades argumentan que los daños no son sólo ambientales, sino también sociales y económicos, porque los tratamientos de hemodiálisis rebasan la capacidad de atención local y pueden implicar costos difíciles de sostener para las familias.
El caso Los Azufres abre una pregunta incómoda para la transición energética: incluso las fuentes renovables pueden tener conflictos socioambientales si no existe monitoreo independiente, trazabilidad pública de sus descargas, vigilancia sobre infraestructura de contención y atención sanitaria para las poblaciones cercanas. La geotermia es una tecnología clave para generar electricidad constante y con bajas emisiones, pero su operación requiere controles estrictos sobre salmueras, metales, gases y reinyección de fluidos.
Por ahora, el expediente está abierto. CFE defiende que Los Azufres opera legalmente y sin descargas contaminantes; las comunidades indígenas acusan una contaminación acumulada durante décadas; y estudios académicos, tanto históricos como recientes, muestran que el campo geotérmico tiene antecedentes suficientes para exigir una investigación pública, actualizada e independiente. Lo que está en juego no es sólo la reputación de una planta renovable, sino la salud de comunidades que piden que el Estado mida, explique y atienda lo que ocurre en el agua que consumen.
