Durante las últimas décadas, diversos conceptos procedentes de los estudios de comunicación, la investigación sobre propaganda, las ciencias de la información y, más recientemente, el análisis de plataformas digitales han sido incorporados al lenguaje de gobiernos, organismos internacionales y empresas tecnológicas. Términos como desinformación, misinformation, information disorder, infodemia, integridad informativa, narrativa o ecosistema digital permiten describir fenómenos reales relacionados con la circulación de información; sin embargo, su utilización institucional puede modificar su función original.
Este análisis propone estudiar ese proceso como un desplazamiento semántico e institucional mediante el cual una categoría inicialmente descriptiva puede adquirir sucesivamente una función normativa, una función clasificatoria y finalmente una función operativa. El problema no radica necesariamente en la existencia del concepto ni en que el fenómeno que pretende describir sea inexistente. El punto crítico aparece cuando una categoría suficientemente amplia permite inferir falsedad, intencionalidad, coordinación o peligrosidad y esas inferencias habilitan acciones sobre contenidos, medios, plataformas o individuos.
La hipótesis central es que una parte del vocabulario contemporáneo sobre información ha experimentado un proceso de securitización: problemas tradicionalmente estudiados desde la comunicación y la esfera pública empiezan a ser definidos como amenazas a la salud, la democracia, la seguridad o la integridad del espacio informativo. Esa transformación modifica tanto a los actores legitimados para intervenir como el umbral de justificación requerido para hacerlo.
Clasificaciones políticas
Las sociedades políticas siempre han clasificado discursos. Conceptos como rumor, propaganda, sedición, difamación, sensacionalismo o publicidad engañosa son anteriores a internet. Por tanto, la intervención sobre la circulación de información no constituye por sí misma un fenómeno nuevo.
Lo que sí parece haberse intensificado es la construcción de un vocabulario transnacional de gobernanza informativa compartido por instituciones públicas, organismos multilaterales, medios de comunicación, organizaciones civiles, verificadores y plataformas tecnológicas. Parte de este vocabulario proviene de investigaciones académicas; otra parte procede de organismos políticos, sanitarios o de seguridad y posteriormente es adoptada por la academia y el periodismo.
La pregunta relevante no es simplemente si términos como desinformación o infodemia son correctos. El objeto de investigación es determinar qué transformación ocurre cuando una categoría pasa de describir un fenómeno a identificar actores y justificar intervenciones sobre ellos.
Puede formularse así: ¿Cómo se transforman categorías descriptivas del campo de la comunicación y la información cuando son incorporadas a sistemas institucionales de clasificación, regulación y seguridad?
Una segunda pregunta deriva de la primera: ¿En qué momento la identificación de fenómenos comunicativos deja de funcionar como explicación y comienza a operar como atribución de intencionalidad, pertenencia o peligrosidad?
El análisis no presupone que toda política contra la desinformación constituya censura ni que toda utilización gubernamental de estos conceptos sea ilegítima. Una operación de influencia extranjera, una red automatizada o una campaña deliberadamente engañosa pueden demostrarse empíricamente. Precisamente por ello es necesario distinguir entre demostración de una conducta y asignación de una etiqueta.
Del concepto a la intervención
El fenómeno puede estudiarse como una cadena de cinco transformaciones. En un primer momento existe una descripción: se observa una forma de circulación de información, por ejemplo rumores, falsedades, repetición sincronizada, saturación informativa o amplificación artificial.
Después aparece la conceptualización. El conjunto recibe un nombre que permite agrupar fenómenos heterogéneos: desinformación, infodemia, information disorder, ecosistema digital. La tercera etapa es la normativización. El fenómeno ya no sólo existe: se considera perjudicial para algún objeto que debe protegerse, como la salud pública, la democracia, las elecciones, la seguridad nacional o la “integridad” del espacio informativo.
La cuarta corresponde a la clasificación institucional. Algún actor adquiere capacidad para determinar qué contenido, comportamiento, cuenta o red pertenece a la categoría problemática. Finalmente aparece la intervención: etiquetado, reducción de alcance, eliminación de cuentas, demonetización, obligaciones regulatorias, exclusión de canales de distribución o sanciones.
Esta secuencia permite distinguir casos que suelen confundirse. Un gobierno que contradice públicamente una información ejerce comunicación política; uno que demuestra mediante datos forenses una operación automatizada realiza una atribución empírica; uno que clasifica periodistas, cuentas y medios dentro de una estructura de desinformación está realizando además una operación de categorización; y si esa clasificación produce posteriormente restricciones jurídicas o técnicas, la categoría ha adquirido capacidad regulatoria.
La securitización como mecanismo
La teoría de la securitización proporciona una herramienta especialmente útil para analizar este desplazamiento. Desarrollada dentro de los estudios de seguridad, plantea que un problema puede transformarse políticamente cuando es presentado no simplemente como una cuestión pública sino como una amenaza contra un objeto que debe ser protegido. Esa construcción facilita posteriormente medidas que difícilmente se justificarían dentro de la política ordinaria.
Este marco ya está siendo aplicado específicamente a las políticas europeas sobre desinformación. Sophie L. Vériter reconstruyó en 2025 el proceso que condujo desde las primeras políticas europeas posteriores a la crisis de Ucrania de 2014 hasta la prohibición de RT y Sputnik en 2022. Su análisis identifica una securitización progresiva de la desinformación: el fenómeno pasó de ser prácticamente inexistente en la estrategia de seguridad europea a ser considerado una amenaza para el funcionamiento democrático y la seguridad de la Unión.
La categoría de securitización es importante porque evita una simplificación. No implica demostrar que la amenaza sea ficticia. Una amenaza puede ser real y, al mismo tiempo, ser securitizada. Lo que se estudia es qué consecuencias políticas produce definirla como amenaza de seguridad.
Desinformación: de operación de engaño a categoría de gobernanza
La desinformación posee antecedentes históricos vinculados a propaganda y operaciones de influencia, pero su definición contemporánea continúa siendo objeto de discusión académica. Don Fallis mostró ya en 2015 que las definiciones disponibles podían resultar demasiado amplias o demasiado estrechas y señaló problemas particularmente difíciles, como la existencia de información verdadera utilizada de manera engañosa. Estudios posteriores han insistido en que intención, contexto, actores y técnicas de engaño son indispensables para distinguir la desinformación de una afirmación simplemente incorrecta.
La dificultad principal es epistemológica: la falsedad puede comprobarse en determinados casos; la intención debe inferirse. Y la desinformación, a diferencia de la mera información falsa, suele requerir precisamente una intencionalidad.
La trayectoria de la Unión Europea permite observar la institucionalización del concepto. El Plan de Acción contra la Desinformación de 2018 la definió como información “verificablemente falsa o engañosa”, difundida con fines lucrativos o para engañar deliberadamente y susceptible de causar perjuicio público. La propia definición excluye el error involuntario, la sátira, la parodia y el comentario partidista claramente identificado.
Este detalle resulta fundamental: la definición formal europea es considerablemente más restringida que el uso coloquial de desinformación. Sin embargo, el ámbito institucional fue creciendo. El Código de Buenas Prácticas de 2018 introdujo compromisos sobre publicidad, cuentas falsas y demonetización. En 2025, el Código de Conducta sobre Desinformación quedó integrado en el marco del Digital Services Act como referencia para evaluar las medidas de mitigación adoptadas por grandes plataformas y buscadores; desde julio de ese año sus compromisos son auditables para los firmantes correspondientes.
La trayectoria puede representarse como:
No equivale a afirmar que la Unión Europea haya convertido toda disidencia en delito. El DSA no establece un delito general de “desinformación”. Pero sí demuestra cómo una categoría nacida para identificar determinados procesos de engaño acaba integrada en una infraestructura regulatoria sobre plataformas. Ese cambio de escala constituye el objeto de interés.
Misinformation, disinformation y malinformation: cuando la verdad deja de ser el único criterio
En 2017, Claire Wardle y Hossein Derakhshan propusieron para un informe publicado por el Consejo de Europa sustituir fake news por el marco de information disorder. El documento distingue tres categorías: misinformation, información falsa transmitida sin intención de causar daño; disinformation, información falsa creada o difundida deliberadamente para producir daño; y malinformation, información basada en hechos reales utilizada para producir daño.
Conviene aclarar que el propio documento especifica que las opiniones corresponden a sus autores y no constituyen automáticamente política oficial del Consejo de Europa.
La tercera categoría es analíticamente especialmente relevante. Con malinformation se produce un cambio de criterio:
falsedad → falsedad + intención → daño independientemente de la falsedad.
Esto no hace inútil al concepto. Publicar datos privados auténticos con una finalidad de hostigamiento es un fenómeno real que necesita categorías analíticas. Pero muestra un desplazamiento decisivo: la verdad del contenido deja de bastar para determinar su legitimidad.
A partir de ahí la clasificación depende de intención, contexto y daño, variables mucho más interpretativas que la comprobación factual de una afirmación.
El propio informe advertía, además, que fake news estaba siendo utilizado por actores poderosos para desacreditar coberturas periodísticas que consideraban inconvenientes. Esa advertencia posteriormente fue desarrollada por la literatura de comunicación política. Jana Laura Egelhofer y Sophie Lecheler propusieron distinguir entre fake news como género, contenido pseudoperiodístico deliberadamente fabricado, y fake news como etiqueta, es decir, el empleo instrumental del término para deslegitimar medios y periodistas. Esta distinción resulta central para nuestro modelo: el mismo significante puede funcionar como categoría analítica o como arma retórica.
Infodemia: institucionalización de una metáfora
El caso de infodemia permite observar un mecanismo distinto. David Rothkopf utilizó el término en 2003 durante la epidemia de SARS para describir una “epidemia de información”: una mezcla de hechos, miedo, especulación y rumores amplificada por las tecnologías de comunicación. El término tuvo una circulación limitada hasta 2020.
Durante la pandemia de COVID-19, la Organización Mundial de la Salud lo convirtió en una categoría central de su comunicación. Actualmente define una infodemia como una sobreabundancia de información —incluida información falsa o engañosa— durante una emergencia sanitaria y define su gestión como la utilización sistemática de análisis y estrategias destinadas a reducir sus efectos. En 2020, la organización incluso celebró una conferencia dedicada a desarrollar la infodemiology, definida allí como la ciencia de gestionar infodemias.
El proceso es llamativo:
metáfora → categoría → objeto mensurable → disciplina → intervención.
Felix Simon y Chico Camargo realizaron posteriormente una crítica específica de este proceso. Argumentan que la información no se propaga de la misma manera que un virus, que la metáfora agrupa comportamientos sociales distintos y que su aparente claridad puede ocultar problemas de evidencia. También advierten que su adopción acrítica puede favorecer extralimitaciones estatales.
Su observación sobre las metáforas es particularmente útil. Una metáfora no sólo permite comprender un objeto desconocido: traslada hacia él relaciones pertenecientes a otro campo. Si la información se conceptualiza como enfermedad, aparecen de manera casi natural conceptos relacionados con contagio, transmisión, inmunización, vigilancia y tratamiento.
Por tanto, el problema de infodemia no consiste solamente en determinar si había mucha información durante la pandemia. El problema analítico es que la metáfora incorpora silenciosamente un modelo causal y un repertorio de respuestas.
Del “ecosistema comunicativo” al “ecosistema digital”
Aquí es necesaria una precisión conceptual. No sería correcto atribuir directamente el término ecosistema digital a Jesús Martín-Barbero. Martín-Barbero sí desarrolló la idea de ecosistema comunicativo, particularmente en su texto de 1999 La educación en el ecosistema comunicativo. Allí el concepto sirve para describir una transformación de las relaciones entre medios, tecnologías, educación, cultura, sensibilidad y formas de conocimiento.
Ecosistema digital, en cambio, posee una genealogía más amplia y heterogénea en informática, economía, teoría de plataformas y estudios de digitalización. Una reconstrucción histórica reciente lo describe precisamente como una “metáfora viajera” aplicada desde los años noventa a infraestructuras, mercados y sistemas sociotécnicos.
Esto hace todavía más interesante su empleo político actual.
En las presentaciones del Gobierno de México encabezadas por Luisa María Alcalde, ecosistema digital aparece utilizado para describir un conjunto de cuentas, periodistas, medios, actores políticos, trolls y supuestos bots relacionados por circulación de contenidos. En junio de 2026, Alcalde afirmó que existía un ecosistema digital que funcionaba “de manera sistemática, organizada” y que estaba constituido por las mismas cuentas que difundían distintas noticias; una semana después habló de 86 trolls identificados dentro de ese ecosistema.
En otra intervención sostuvo que ese ecosistema “se pone en operación” y lo vinculó con una red internacional de derecha. En julio describió su funcionamiento como una sucesión de “narrativas” que se instalan, pierden credibilidad y son reemplazadas por otras.
Aquí el problema no es meramente terminológico. Aparece una transición entre diferentes niveles de afirmación:
interacción → comunidad → amplificación → coordinación → organización → operación.
En análisis de redes, esos niveles requieren evidencias diferentes.
Dos cuentas pueden compartir publicaciones porque pertenecen a una misma comunidad ideológica. Pueden presentar alta similitud conductual. Pueden publicar simultáneamente. Incluso pueden formar una estructura estadísticamente anómala. Ninguna de estas observaciones determina automáticamente quién coordina, si existe una instancia de coordinación o cuál es la intención de los actores.
La literatura especializada en detección de coordinación construye redes utilizando huellas conductuales —secuencias de hashtags, retuits compartidos, sincronización temporal, imágenes o modificaciones de identidad— precisamente para detectar coordinación probable, no para deducir automáticamente su motivación política o su financiamiento. Trabajos más recientes advierten incluso que metodologías basadas simplemente en compartir contenidos similares pueden confundir actividad intensa con coordinación.
De hecho, un marco metodológico de 2024 para estudiar redes coordinadas termina señalando expresamente la necesidad de investigar con mayor profundidad los motivos detrás de la coordinación.
Ésta es una distinción epistemológica crucial:
un grafo demuestra relaciones construidas conforme a determinados criterios; no demuestra por sí solo relaciones causales, jerarquías organizativas, financiamiento ni intención.
Por ello, utilizar ecosistema para designar a todos los actores visibles dentro de una estructura de amplificación puede generar una ambigüedad particularmente poderosa. En su significado ecológico o comunicacional, un ecosistema no necesita dirección central: los actores coexisten, compiten, se relacionan y coevolucionan. En el uso político analizado, en cambio, ecosistema puede terminar describiendo algo que se comporta discursivamente como una organización: se activa, instala narrativas, coordina actores y persigue objetivos.
Ese tránsito debe demostrarse y no presuponerse.
“Narrativa” y el problema de convertir semejanza en autoría
Algo semejante ocurre con narrativa. Dentro de las ciencias sociales, una narrativa es una forma de organizar acontecimientos mediante relaciones de sentido. Un gobierno produce narrativas, un movimiento opositor produce narrativas, los medios construyen narrativas y los individuos interpretan acontecimientos mediante ellas.
En el lenguaje político contemporáneo, sin embargo, narrativa puede adquirir otro significado: una interpretación compartida empieza a ser presentada como producto deliberadamente instalado por un actor.
Se genera entonces otra cadena de inferencias:
varias personas comparten una interpretación → existe una narrativa → la narrativa es promovida → la narrativa fue instalada → alguien coordina su instalación.
Cada paso añade una afirmación causal que debe ser comprobada independientemente.
La convergencia discursiva puede surgir por coordinación, pero también por homofilia política, exposición a las mismas fuentes, imitación, acontecimientos externos, incentivos algorítmicos o simplemente porque diferentes actores llegaron a interpretaciones semejantes.
Información e “integridad”: la ampliación del objeto gobernable
Un desarrollo más reciente es el concepto de integridad informativa.
Los Principios Globales para la Integridad de la Información de Naciones Unidas describen un entorno informativo deseable como pluralista, respetuoso de los derechos humanos y capaz de proporcionar información fiable en un espacio abierto, inclusivo y seguro.
Normativamente, la formulación incorpora explícitamente la libertad de expresión y el pluralismo. No debe equipararse, por tanto, de manera automática con censura. Analíticamente, sin embargo, representa otra ampliación importante del objeto de intervención. Ya no se clasifica únicamente una afirmación como verdadera o falsa ni una campaña como coordinada. Se evalúa la condición del ecosistema informativo en su conjunto.
La escala cambia:
contenido → actor → red → ecosistema.
Cuanto más amplio es el objeto, más relevante se vuelve preguntar quién define sus condiciones normales, qué indicadores determinan su “integridad” y qué acciones pueden justificarse para restaurarla.
Tipología preliminar de los desplazamientos
Tres operaciones distintas
Los casos estudiados muestran que el problema no puede reducirse al uso incorrecto de palabras. Existen al menos tres operaciones diferentes. La primera es una expansión semántica. Un concepto diseñado para describir una conducta relativamente acotada empieza a cubrir fenómenos cada vez más heterogéneos. Desinformación, por ejemplo, puede pasar de operación deliberada de engaño a designación genérica para contenidos incorrectos, problemáticos o contrarios a una interpretación dominante.
La segunda es una inferencia relacional. La semejanza entre actores comienza a interpretarse como pertenencia conjunta. Aparece especialmente en conceptos como ecosistema, red y narrativa. La conexión empírica puede existir, pero la estructura observada se convierte discursivamente en una entidad con identidad propia.
La tercera es una securitización normativa. El fenómeno deja de ser únicamente un problema de comunicación y pasa a amenazar un objeto superior: salud, democracia, seguridad, elecciones o integridad informativa. A partir de ahí cambia la pregunta política. Ya no es sólo “¿es verdadera esta información?”, sino “¿qué debemos hacer para proteger al sistema de ella?”. Cuando las tres operaciones coinciden, una categoría comunicativa puede convertirse en un dispositivo de intervención.
La transformación más importante del vocabulario contemporáneo sobre información no parece encontrarse en la aparición de nuevas palabras, sino en la modificación de la función que esas palabras cumplen.
Una categoría analítica pregunta: ¿qué está ocurriendo?
Una categoría normativa pregunta: ¿es perjudicial lo que está ocurriendo?
Una categoría de seguridad pregunta: ¿qué debemos proteger de ello?
Una categoría operativa pregunta: ¿sobre quién debemos intervenir?
El problema democrático aparece cuando el tránsito entre esas preguntas deja de ser visible y una misma palabra parece responderlas todas. Decir que varias cuentas forman una comunidad no demuestra que estén coordinadas. Demostrar coordinación no demuestra necesariamente una dirección central. Demostrar una dirección común no demuestra automáticamente una finalidad ilícita. Comprobar que una información es falsa no demuestra que su autor conociera su falsedad. Determinar que una información es perjudicial tampoco determina por sí mismo que deba ser restringida.
Por ello, el criterio central para estudiar la conversión de los conceptos comunicacionales en instrumentos de gobernanza debería ser el salto inferencial: identificar en qué punto una observación sobre contenidos o relaciones se convierte en una afirmación sobre intención, pertenencia, amenaza o legitimidad. No sería, por tanto, una historia de palabras utilizadas incorrectamente. Sería una historia sobre cómo nombrar un fenómeno puede modificar las condiciones bajo las cuales es posible actuar sobre él.
