México se encuentra en un momento definitorio para su sistema de justicia, con una nueva generación de candidatos al Poder Judicial presentando visiones para su transformación. Las propuestas para una Suprema Corte más accesible, socialmente consciente, transparente y tecnológicamente avanzada dominan el debate. Este análisis explora los temas más recurrentes en sus plataformas.
Por primera vez en la historia del país, se llevará a cabo un Proceso Electoral Extraordinario para elegir a las personas que ocuparán diversos cargos del Poder Judicial de la Federación. Este proceso inédito se celebrará el domingo 1 de junio de 2025, y marcará un hito en la participación ciudadana en la renovación del sistema de justicia federal.
De acuerdo con información del Instituto Nacional Electoral (INE) y la Comisión Temporal encargada del proceso, la ciudadanía podrá elegir a titulares de un total de 881 cargos judiciales, entre los que destacan:
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9 Ministras y Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)
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2 Magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)
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15 Magistraturas de las Salas Regionales del TEPJF
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5 integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial
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464 Magistraturas de Circuito
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386 Juzgadoras y Juzgadores de Distrito
En las propuestas de campaña de los candidatos a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) destaca el anhelo de una profunda transformación del sistema de justicia en México. Sus perfiles y propuestas, aunque con matices individuales, delinean un camino hacia una justicia más humana, eficiente y, fundamentalmente, más cercana a la ciudadanía.
Varios temas emergen con notable frecuencia en las visiones y propuestas de los candidatos:
Justicia Accesible y Cercana al Pueblo: Es quizás el clamor más extendido. Muchos candidatos proponen medidas concretas como «ministros en el territorio», brigadas jurídicas populares, módulos de atención ciudadana, y el uso de un lenguaje claro y sencillo en las resoluciones. La idea de una «Suprema Corte de puertas abiertas» o «itinerante» resuena en varias plataformas, buscando eliminar la percepción de un poder judicial distante y elitista.
Es sobresaliente la autocrítica implícita al sistema actual que se desprende de las propuestas: se reconoce una justicia lenta, cara, formalista, lejana a la ciudadanía y, en ocasiones, afectada por la corrupción y la falta de sensibilidad. La mayoría de los perfiles destacan una trayectoria académica sólida, con especializaciones en Derechos Humanos, Derecho Constitucional y Penal, y varios cuentan con experiencia previa en la judicatura o en la defensa de derechos.
Mayor Acceso y Confianza Ciudadana: La implementación de un lenguaje claro, la justicia itinerante, los módulos de atención y el fortalecimiento de las defensorías podrían reducir las barreras de acceso a la justicia. Una mayor transparencia y rendición de cuentas, junto con un combate frontal a la corrupción, serían cruciales para reconstruir la confianza ciudadana en el Poder Judicial.
Énfasis en la Justicia Social y los Derechos Humanos: Un Poder Judicial más enfocado en la justicia social podría traducirse en sentencias que busquen no solo resolver conflictos individuales, sino también abordar desigualdades estructurales y proteger de manera más robusta los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, con especial atención a grupos vulnerables y víctimas.
Eficiencia y Modernización Procesal: La adopción de tecnologías como la IA y la simplificación de procesos podrían llevar a una justicia más pronta y expedita, reduciendo la carga de trabajo y los tiempos de resolución, aunque el desafío radicará en implementar estos cambios de manera equitativa y sin generar nuevas brechas digitales.
Humanización de la Justicia: El acento en la cercanía al pueblo, la empatía, la perspectiva de género y la atención a las víctimas podría conducir a un sistema judicial menos técnico y más sensible a las realidades y necesidades humanas detrás de cada caso.
Desafíos en la Implementación: Si bien las propuestas son alentadoras, su éxito dependerá de la voluntad política, la asignación de recursos adecuados, la capacitación efectiva del personal judicial y la superación de resistencias internas a los cambios. La coordinación entre los diferentes poderes del Estado también será fundamental, como algunos candidatos señalan.
En resumen, las propuestas de los candidatos reflejan un consenso sobre la urgencia de reformar el sistema judicial para hacerlo más justo, accesible, transparente y humano. El desafío principal será traducir estas visiones en realidades tangibles que beneficien a toda la población mexicana.
Para el análisis previo de las afinidades de los candidatos, se revisaron sus perfiles y propuestas en función de las siguientes categorías:
- Justicia Accesible: Propuestas orientadas a facilitar el acceso de todas las personas al sistema de justicia, eliminando barreras económicas, geográficas, culturales o de procedimiento.
- Justicia Social: Un enfoque en la impartición de justicia que busca no solo la aplicación de la ley, sino también la corrección de desigualdades sociales, la protección de los derechos de grupos vulnerables y la contribución al bienestar colectivo.
- Derechos Humanos: El compromiso explícito con la promoción, protección y garantía de los derechos humanos consagrados en la Constitución y tratados internacionales, viéndolos como eje rector de la función judicial.
- Lenguaje Accesible: Propuestas para que las comunicaciones judiciales, especialmente las sentencias, sean redactadas en un lenguaje claro, sencillo y comprensible para la ciudadanía, independientemente de su formación jurídica.
- Transparencia: Iniciativas para asegurar la apertura y publicidad de los procesos judiciales, las decisiones y la gestión del Poder Judicial, permitiendo el escrutinio público.
- Corrupción (lucha contra la): Propuestas y compromisos explícitos para prevenir, combatir y sancionar la corrupción dentro del sistema judicial.
- Género (perspectiva de/igualdad de): La incorporación de la perspectiva de género en el análisis y resolución de casos, así como propuestas para promover la igualdad de género dentro del Poder Judicial y en la sociedad.
- Cercanía al Pueblo: Estrategias para reducir la distancia entre el Poder Judicial y la ciudadanía, fomentando la interacción, la escucha activa y la comprensión de las necesidades sociales.
- Fortalecimiento de Defensorías: Propuestas dirigidas a mejorar y expandir los servicios de defensoría pública para garantizar el derecho a una defensa adecuada, especialmente para personas en situación de vulnerabilidad.
- Rendición de Cuentas: Mecanismos para que los funcionarios judiciales informen y se responsabilicen por sus acciones y decisiones ante la ciudadanía y órganos de control.
- Inteligencia Artificial (uso de): La mención o propuesta de utilizar herramientas de inteligencia artificial para mejorar la eficiencia, el análisis o la accesibilidad en el sistema de justicia.
- Equidad: Un enfoque en la justicia que busca tratar a las personas de acuerdo con sus circunstancias particulares para lograr resultados justos, reconociendo y compensando desventajas.
- Igualdad: El principio de que todas las personas deben ser tratadas de la misma manera ante la ley, sin discriminación.
- Perspectiva de Víctimas: Un enfoque en la impartición de justicia que considera y prioriza los derechos, necesidades y reparación del daño de las víctimas de delitos o violaciones a derechos humanos.
Realismo y Alcance de las Propuestas
El análisis de las propuestas de los candidatos a la SCJN revela un fuerte deseo de transformación del Poder Judicial. Un Ministro de la SCJN tiene un rol fundamental en la interpretación de la Constitución y las leyes, la resolución de controversias constitucionales, la protección de los derechos humanos y el establecimiento de precedentes judiciales que guían a todo el sistema de justicia. Su influencia se ejerce primordialmente a través de sus votos, los engroses de las sentencias que elabora, sus opiniones (votos particulares o concurrentes) y su participación en las discusiones del Pleno.
Muchas de las propuestas más destacadas tienen componentes que sí pueden ser impulsados desde la SCJN, mientras que otros dependen de una acción coordinada con otras instancias o son, en efecto, visiones más amplias que requieren un cambio cultural y sistémico profundo.
Justicia Accesible y Cercana al Pueblo:
Lenguaje Claro en Sentencias: Esta es una de las áreas con mayor potencial de influencia directa. Los Ministros redactan y aprueban sentencias. Impulsar un estilo de redacción más sencillo y comprensible es factible y ya existen esfuerzos en este sentido. La SCJN puede emitir criterios o acuerdos internos para fomentar esta práctica.
«Ministros en Territorio», Brigadas Jurídicas, Módulos de Atención: Estas propuestas, aunque bienintencionadas y populares, exceden en gran medida las funciones jurisdiccionales directas y la capacidad logística de un Ministro de la Corte. La implementación de programas de alcance territorial o módulos de atención ciudadana a gran escala suele corresponder a órganos administrativos del Poder Judicial de la Federación (PJF), como el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), o incluso a defensorías públicas y otros poderes. Un Ministro puede abogar por ello, pero no implementarlo unilateralmente. Figuran más como un anhelo de un sistema judicial más presente y menos burocrático.
Suprema Corte Itinerante: Realizar sesiones del Pleno fuera de la sede habitual es logísticamente complejo y costoso, aunque no imposible para casos de alta relevancia simbólica. Sin embargo, convertirlo en una práctica regular dependería de decisiones administrativas y presupuestarias del propio Pleno y, posiblemente, del CJF. La influencia de un solo Ministro es limitada para imponerlo.
Justicia Social y Derechos Humanos (enfoque social en sentencias):
Un Ministro tiene amplia facultad para incorporar una perspectiva de justicia social y un enfoque pro-derechos humanos en sus proyectos de sentencia y en sus argumentaciones en el Pleno. Esta es una de las vías más directas para influir en la dirección de la jurisprudencia. La efectividad dependerá de su capacidad de persuasión y de la conformación ideológica del Pleno. Esto es realista y central a su función.
Transparencia y Lucha contra la Corrupción: Los Ministros pueden promover mayor transparencia en los procesos deliberativos y en la publicidad de la información de la Corte. La SCJN ya tiene mecanismos de transparencia, pero siempre hay margen de mejora que puede ser impulsado desde dentro.
Lucha contra la Corrupción Sistémica: Un Ministro puede denunciar actos de corrupción y abogar por la integridad. Sin embargo, la investigación y sanción de la corrupción dentro del PJF es principalmente facultad del CJF. La influencia de un Ministro es indirecta pero importante para establecer un tono ético y apoyar las labores del CJF. Las propuestas de crear observatorios ciudadanos o mecanismos de denuncia pueden ser impulsadas, pero su diseño e implementación final suelen requerir consensos amplios.
Eficiencia y Modernización (incluyendo IA):
La SCJN puede adoptar tecnologías para sus propios procesos internos. En cuanto a la modernización general del PJF, incluyendo la implementación de IA a gran escala o la mejora de sistemas informáticos para todos los tribunales, la responsabilidad principal recae en el CJF, que administra el PJF. Un Ministro puede ser un promotor de estas ideas, pero su ejecución está fuera de su control administrativo directo. Se trata de una visión de modernización necesaria, pero que requiere una estrategia institucional amplia.
Perspectiva de Género y Equidad:
Similar a la justicia social, un Ministro tiene la facultad directa de aplicar la perspectiva de género y criterios de equidad en sus resoluciones y argumentos. La SCJN ya ha avanzado en la creación de protocolos y criterios en este sentido, y los nuevos Ministros pueden continuar y profundizar esta labor. Es altamente realista y parte de la evolución jurisprudencial esperada.
Fortalecimiento de Defensorías:
El fortalecimiento estructural y presupuestario del Instituto Federal de Defensoría Pública es competencia del CJF y, en última instancia, del Poder Legislativo (presupuesto). Un Ministro de la SCJN puede, a través de sus sentencias, resaltar la importancia de una defensa adecuada y señalar deficiencias, lo que podría influir indirectamente en la necesidad de fortalecer las defensorías, pero no puede gestionarlas ni financiarlas directamente. Esta propuesta es más un reconocimiento de una necesidad sistémica que una acción directa del Ministro.
Muchas de las promesas más destacadas, como la cercanía al pueblo a través de presencia territorial o la transformación administrativa profunda, tienen un componente de visión idealizada y aspiracional sobre cómo debería ser el Poder Judicial. Si bien un Ministro de la SCJN no tiene las facultades para implementar unilateralmente todas estas reformas sistémicas (muchas dependen del CJF, de reformas legislativas, de presupuesto, o de la colaboración de otros niveles de gobierno y órganos judiciales), su rol no es menor.
Los Ministros, a través de sus sentencias y su voz pública, pueden:
- Establecer criterios jurisprudenciales que impulsen cambios en la interpretación y aplicación del derecho hacia una mayor justicia social, accesibilidad y protección de derechos.
- Visibilizar problemas sistémicos y la necesidad de reformas.
- Influir en la cultura jurídica y en las prioridades del propio Poder Judicial.
- Participar en la gobernanza del PJF si, por ejemplo, integran comisiones o tienen roles específicos dentro de la estructura que les permitan incidir en políticas administrativas (aunque esto es más limitado para un Ministro que no preside la Corte o el CJF).
Por lo tanto, aunque algunas propuestas puedan parecer «romantizadas» o estar fuera de la esfera de influencia directa de un solo Ministro, el hecho de que sean temas recurrentes en las plataformas de múltiples candidatos es significativo. Indica una demanda social y una conciencia interna dentro del ámbito jurídico sobre la necesidad de estas transformaciones. La elección de Ministros comprometidos con estas visiones, aunque no puedan ejecutarlo todo por sí mismos, puede contribuir a un cambio gradual y a generar la presión necesaria para que otras instancias tomen las acciones correspondientes.
