Durante años se dijo que las plataformas digitales estaban combatiendo la desinformación, el fraude, el spam y la manipulación. Bajo esa justificación, también se normalizó una infraestructura opaca de control de la visibilidad. La censura contemporánea ya no necesita clausurar un medio, decomisar una edición o prohibir una idea. En muchos casos le basta con reducir alcance, bloquear enlaces, suspender cuentas, ocultar publicaciones, impedir vistas previas o hacer que un contenido aparezca como “no disponible”.
En la mayor parte de Occidente, la forma clásica de censura ya no describe por completo el fenómeno. Hoy buena parte de la circulación pública ocurre dentro de plataformas privadas que deciden, mediante sistemas automatizados, qué contenidos se distribuyen, cuáles se degradan, cuáles se remueven y cuáles quedan fuera del campo visible. La diferencia es decisiva: antes la censura se reconocía por el acto de prohibir; ahora muchas veces aparece como moderación, seguridad, reducción de riesgos o simple ajuste algorítmico.
Meta eliminó alrededor de 1,600 millones de piezas de contenido de Facebook e Instagram entre enero y marzo de 2025, una cifra menor a los casi 2,400 millones del trimestre anterior, de acuerdo con un análisis de WIRED sobre sus reportes de cumplimiento. El dato muestra la escala industrial de la moderación: miles de millones de decisiones sobre contenidos tomadas en lapsos de apenas tres meses.
TikTok también opera a una escala difícil de imaginar. En su quinto reporte de transparencia bajo la Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea, la empresa informó que removió 27.8 millones de piezas de contenido en Europa durante el primer semestre de 2025 por violar sus reglas comunitarias. En su sexto reporte, correspondiente al segundo semestre de 2025, elevó la cifra a alrededor de 112 millones de piezas de contenido, incluyendo videos, transmisiones en vivo, anuncios, productos y, por primera vez, comentarios.
Estos números no significan, por sí mismos, que todas esas decisiones sean censura. Muchas remociones pueden responder a spam, fraude, violencia, acoso o contenido ilegal. Pero sí muestran algo central: la conversación pública digital ya depende de sistemas de remoción y clasificación de escala masiva, cuya operación suele ser opaca para usuarios, medios, investigadores y proyectos pequeños.
El problema más grave no es solo lo que se elimina. Es lo que no puede medirse. La nueva censura no siempre deja un expediente. No siempre hay una notificación clara. No siempre hay una autoridad visible. No siempre existe una resolución apelable. Un medio puede perder alcance sin saber por qué. Una página puede publicar sin llegar a sus seguidores. Un enlace puede quedar degradado sin que exista una explicación técnica suficiente. Una cuenta puede ser suspendida por sistemas automáticos. Una comunidad puede descubrir que su contenido sigue “arriba”, pero ya no circula.
Por eso la experiencia de la censura algorítmica suele llegar tarde. No se aprende leyendo una definición jurídica. Se aprende cuando alguien intenta levantar un proyecto en redes sociales y descubre que hablar ya no basta: también necesita permiso algorítmico para ser visto.
La evidencia académica apunta en esa dirección. El estudio «Changes to the Facebook Algorithm Decreased News Visibility Between»
publicado en 2025 sobre Facebook encontró que las reacciones a publicaciones de noticias cayeron 78% entre 2021 y 2024, mientras aumentaban las reacciones a páginas no noticiosas. Los autores relacionaron esa caída con cambios algorítmicos de Meta que redujeron la visibilidad de noticias y contenido político.
Ese dato es clave porque muestra una forma de intervención distinta a la censura clásica. No se trata necesariamente de borrar una nota o prohibir a un medio. Se trata de modificar las condiciones de distribución. En internet, la libertad de expresión queda incompleta si el contenido puede publicarse pero no circular. Una publicación invisible sigue existiendo técnicamente, pero deja de cumplir su función pública.
A esto se suma otro obstáculo: las propias herramientas para auditar a las plataformas tienen límites. El estudio, Auditing Meta and TikTok Research API Data Access under Article 40(12) of the Digital Services Act, de 2026 sobre las APIs de investigación de Meta y TikTok concluyó que esos mecanismos presentan pérdidas sistemáticas de datos, recortes de alcance, eliminación de metadatos y restricciones operativas que impiden una auditoría independiente suficiente de los riesgos sistémicos. En algunos casos, los investigadores encontraron exclusiones de hasta aproximadamente la mitad del entorno informativo visible para usuarios.
La Comisión Europea también ha señalado el problema. En octubre de 2025, informó de manera preliminar que Meta y TikTok habrían incumplido obligaciones de transparencia bajo la Ley de Servicios Digitales, entre ellas el acceso adecuado de investigadores a datos públicos. Según Reuters, la Comisión sostuvo que Facebook, Instagram y TikTok pudieron haber impuesto procedimientos y herramientas demasiado gravosas para solicitar acceso a esos datos.
La paradoja es evidente: las plataformas justifican su poder de intervención en nombre de la seguridad informativa, pero al mismo tiempo dificultan la posibilidad de verificar cómo ejercen ese poder.
El fenómeno no se limita a la moderación de contenido. Access Now documentó 313 apagones de internet en 52 países durante 2025, el registro más alto desde que la organización comenzó a rastrear estos cortes. Según el informe, no hubo un solo día de 2025 sin al menos un apagón activo en algún lugar del mundo.
Los apagones son una forma más visible de censura por infraestructura. Pero entre el apagón total y la publicación visible existe una zona intermedia donde opera buena parte del poder contemporáneo: reducción de alcance, clasificación de riesgo, bloqueo de enlaces, ocultamiento de contenidos, limitación de recomendaciones, eliminación de cuentas y fricción en los mecanismos de apelación.
Esa zona gris es la más difícil de discutir porque fue presentada como una medida de protección. La desinformación existe. El fraude existe. La manipulación coordinada existe. El problema es que el combate contra esos riesgos también sirvió para legitimar sistemas privados capaces de intervenir la esfera pública sin transparencia suficiente, sin proporcionalidad clara y sin un debido proceso comprensible para los usuarios.
La censura contemporánea no siempre llega con uniforme. A veces llega como actualización de políticas. A veces como “contenido no disponible”. A veces como caída inexplicable de alcance. A veces como una apelación que nadie responde. A veces como un clasificador automático que decide que una publicación, una página o un dominio no merece circular.
Por eso no existe una cifra total de cuántos contenidos han sido bloqueados en internet. Hay fragmentos: reportes de remoción, cuentas suspendidas, apagones, enlaces degradados, publicaciones no recomendadas, APIs incompletas y estudios parciales sobre pérdida de visibilidad. El dato imposible es parte del fenómeno. La censura algorítmica no solo bloquea contenidos; también bloquea la posibilidad de medir con precisión cuántos contenidos fueron bloqueados.
La nueva censura no se revela cuando alguien es silenciado de forma espectacular. Se revela cuando miles de proyectos intentan nacer y descubren que la esfera pública digital ya no es un espacio abierto, sino una infraestructura condicionada por permisos invisibles.
Occidente no eliminó la censura. La privatizó, la automatizó y la disfrazó de gestión de riesgos.
