Brasil prohibió deepfakes, obliga a identificar contenido sintético, restringe el uso de IA alrededor de la jornada electoral e incluso impide que los chatbots recomienden candidatos. Pero la campaña de 2026 ya está mostrando las dificultades para hacer cumplir esas reglas. México comenzará su proceso electoral federal el 10 de septiembre con un enfoque mucho más limitado y principalmente voluntario.
Brasil llegará a sus elecciones generales del 4 de octubre con uno de los marcos más restrictivos de América Latina para el uso de inteligencia artificial en campañas políticas. La regulación alcanza no sólo a candidatos y partidos, sino también a plataformas digitales y proveedores de sistemas de IA: prohíbe deepfakes, obliga a identificar contenidos sintéticos, establece periodos en los que determinados materiales generados con IA no pueden circular e impide que servicios como los chatbots recomienden una candidatura, aun cuando el propio usuario lo solicite.
México se prepara para una elección federal en junio de 2027 desde una posición prácticamente opuesta. El Instituto Nacional Electoral (INE) acaba de introducir recomendaciones sobre inteligencia artificial en sus lineamientos para medios de comunicación, pero esos criterios no son obligatorios. El propio Consejo General ha reconocido que todavía no existe un marco jurídico suficiente para regular específicamente algunos usos electorales de la tecnología.
La diferencia convierte a Brasil en un experimento particularmente relevante para México. El país sudamericano ya hizo lo que aquí apenas comienza a discutirse: establecer qué usos de IA pueden interferir en una elección y otorgar a la autoridad electoral facultades para intervenir. La campaña brasileña de 2026 está revelando, sin embargo, una segunda parte del problema: escribir las reglas resulta mucho más sencillo que definir sus fronteras y hacerlas cumplir.
Brasil empezó a regular antes
Brasil comenzó a establecer reglas específicas para la IA electoral en febrero de 2024. El Tribunal Superior Electoral (TSE) prohibió entonces los deepfakes utilizados para favorecer o perjudicar candidaturas, obligó a informar cuando una propaganda utilizara inteligencia artificial y restringió el empleo de chatbots y avatares capaces de simular una conversación con una persona real. La regulación también introdujo responsabilidades para proveedores digitales que no retiraran determinados contenidos durante el periodo electoral. Para las elecciones generales de 2026, las restricciones crecieron.
Durante las 72 horas anteriores y las 24 posteriores a la votación está prohibida la publicación o republicación de nuevos contenidos sintéticos que modifiquen la imagen, voz o manifestaciones de candidatos o figuras públicas, incluso cuando el material esté correctamente identificado como generado con IA. La justificación del TSE es evitar contenidos capaces de producir una sorpresa de último momento cuando queda poco tiempo para verificar o responder a una manipulación.
La regulación también establece responsabilidad solidaria para proveedores que no retiren inmediatamente determinados contenidos o cuentas y permite el bloqueo de perfiles falsos, apócrifos o automatizados cuando incurran de forma reiterada en prácticas capaces de comprometer la integridad electoral.
Pero una de las disposiciones más inusuales va todavía más lejos: los proveedores que ofrecen sistemas de inteligencia artificial no pueden recomendar candidaturas, incluso cuando sea el usuario quien solicite la recomendación. El TSE argumenta que la medida busca impedir una “interferencia algorítmica” en la decisión del voto.
Esta regla convierte directamente a los sistemas de IA en objeto de regulación electoral. Ya no se trata solamente de controlar una propaganda creada con una máquina, sino de limitar determinadas respuestas que la propia máquina puede proporcionar al ciudadano.
Las reglas empiezan a chocar con la realidad
La campaña brasileña muestra ahora las dificultades de ese modelo. Reuters reportó que durante apenas los primeros 11 días de campaña el TSE recibió 19 denuncias relacionadas con inteligencia artificial. El tribunal se prepara además para precisar sus propias reglas después de que el senador Flávio Bolsonaro utilizara un avatar generado con IA de su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, abriendo una discusión sobre dónde se encuentra exactamente la frontera entre un recurso gráfico, una parodia o un avatar y un deepfake susceptible de sanción.
El problema también alcanza a los chatbots. Aunque el TSE prohibió que los sistemas de IA recomienden o jerarquicen candidaturas, un estudio del Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio citado por Reuters encontró que los chatbots analizados terminaron ordenando o priorizando candidatos en alrededor de 90% de las respuestas examinadas.
La contradicción es importante. Brasil construyó una regla destinada a impedir que un algoritmo influya sobre el voto, pero aplicarla implica determinar qué cuenta como una recomendación. Un chatbot puede evitar responder directamente “vote por esta persona” y, sin embargo, comparar propuestas, elaborar una clasificación, identificar al candidato más compatible con determinadas prioridades o responder quién considera mejor preparado en una materia. Regular la intención resulta relativamente sencillo. Regular todas las formas posibles de una conversación con una IA es bastante más complicado.
Un ecosistema regulatorio donde participan también las ONG
Las reglas brasileñas tampoco fueron diseñadas exclusivamente dentro del gobierno. El proceso de elaboración de las normas electorales de 2026 recibió 1,618 propuestas provenientes de partidos, tribunales regionales y participantes de la sociedad y estuvo acompañado de consultas y audiencias públicas organizadas por el TSE.
En las discusiones sobre tecnología y propaganda participaron empresas como Meta y Google, instituciones públicas, partidos y una extensa red de organizaciones y centros de investigación, entre ellos Instituto Democracia em Xeque, NetLab/UFRJ, Data Privacy Brasil, Associação Direitos Humanos em Rede e Instituto Nupef. Durante las audiencias también se propuso ampliar las obligaciones de transparencia, gobernanza y rendición de cuentas de plataformas y sistemas de IA mediante informes auditables y definiciones más precisas sobre contenido sintético.
Ese ecosistema también produce parte de la evidencia utilizada para observar la elección. Instituto Democracia em Xeque mantiene, por ejemplo, el proyecto Rotulando IA, dedicado a monitorear publicaciones identificadas como generadas con inteligencia artificial. Entre el 1 y el 14 de agosto contabilizó 8,122 publicaciones con este tipo de marcación y alrededor de 10 millones de interacciones.
La participación de organizaciones civiles y académicas no demuestra por sí misma que las decisiones regulatorias respondan a ellas, pero sí permite observar una característica del modelo brasileño: la política sobre plataformas e inteligencia artificial se desarrolla dentro de una red donde autoridades electorales, empresas tecnológicas, universidades, organizaciones civiles y partidos intervienen simultáneamente en la discusión sobre qué constituye un riesgo para la integridad electoral.
México todavía está construyendo el punto de partida
México llegará al proceso electoral federal 2026-2027 con una estructura muy diferente. El INE aprobó lineamientos dirigidos a los medios que reconocen por primera vez con mayor claridad problemas derivados de la IA generativa. Recomiendan identificar cuando imágenes, voces, presentadores virtuales u otros materiales han sido creados o modificados mediante inteligencia artificial cuando pudieran confundirse con hechos o declaraciones reales, además de verificar el contenido antes de difundirlo.
Pero el propio instituto subraya que se trata de recomendaciones y no de obligaciones. Cada medio conserva sus criterios editoriales y las disposiciones no constituyen una regulación general de candidatos, plataformas o proveedores de inteligencia artificial.
La distancia respecto de Brasil quedó expuesta durante una sesión del Consejo General del INE celebrada el 9 de julio. La consejera Carla Humphrey propuso incorporar una variable específica para conocer cómo se utiliza la inteligencia artificial durante las precampañas y campañas, con el objetivo de generar información que eventualmente permitiera regularla. La propuesta recibió tres votos a favor y ocho en contra.
Durante la discusión se reconoció que la capacidad institucional no estaba preparada para introducir inmediatamente algunos de esos cambios y se planteó trabajar el tema para procesos posteriores. También se señaló de manera explícita que la IA electoral es un asunto todavía sin regulación específica suficiente y sin un “asidero jurídico o legal” claro para determinadas intervenciones.
El proceso electoral federal mexicano comenzará formalmente el 10 de septiembre de 2026 y culminará con la jornada electoral del 6 de junio de 2027. Eso deja menos de un año para observar qué ocurre en Brasil y decidir hasta dónde debería avanzar México.
Dos países, dos modelos
La diferencia no significa necesariamente que México deba reproducir el modelo brasileño. Brasil permite observar las ventajas de anticipar un problema real: existen reglas previas a la elección, candidatos y plataformas conocen sus obligaciones y la autoridad cuenta con mecanismos de respuesta frente a manipulaciones que pueden circular a gran velocidad.
Pero también permite observar sus riesgos. Una regulación que alcanza contenidos, cuentas, algoritmos y respuestas proporcionadas por sistemas de IA coloca a la autoridad electoral frente a decisiones cada vez más delicadas sobre qué información puede circular, cuándo debe retirarse y qué clase de respuesta tecnológica puede considerarse una intervención sobre el voto.
El caso brasileño está mostrando además que ni siquiera una regulación detallada elimina la incertidumbre. La autoridad que prohibió los deepfakes desde 2024 debe ahora determinar cómo aplicar esa definición a nuevas formas de contenido sintético, mientras herramientas de IA siguen produciendo respuestas que aparentemente contradicen las restricciones adoptadas para 2026.
México tiene, por ahora, el problema contrario: puede llegar a una elección en la que la inteligencia artificial ya sea una herramienta habitual de propaganda, manipulación audiovisual y consulta política sin haber establecido todavía reglas específicas comparables.
Entre ambos extremos existe una discusión que México tendrá que resolver pronto: cómo proteger una elección de manipulaciones generadas por inteligencia artificial sin convertir esa protección en un sistema excesivamente amplio de control sobre la circulación y el acceso a la información. Brasil tendrá una primera respuesta en las urnas el 4 de octubre. México tiene algunos meses más para observar qué funcionó, qué falló y, sobre todo, qué no debería copiar.
