Desde 2017, distintos estudios han encontrado que el lenguaje moral-emocional, la identificación de un enemigo político y las recompensas sociales aumentan la circulación de mensajes en redes. La controversia por el examen de admisión de la UNAM permite observar cómo un problema con responsabilidades distribuidas puede comprimirse hasta convertirse en una historia simple de víctimas y culpables.
La controversia por el examen de admisión de la Universidad Nacional Autónoma de México no sólo plantea preguntas sobre la eficacia de una plataforma tecnológica, el diseño de un procedimiento remoto o la honestidad de quienes participaron. También permite observar un mecanismo ampliamente estudiado en las redes sociales: la transformación de un problema complejo en una oposición moral sencilla, capaz de producir indignación, identificar a un adversario y circular con mayor facilidad.
El proceso real involucró distintos niveles de responsabilidad. La UNAM decidió aplicar el examen en línea, estableció las reglas y colocó la supervisión en manos de su personal y sus autoridades. Territorium proporcionó la plataforma y las herramientas tecnológicas encargadas de registrar evidencias y emitir alertas. El personal universitario analizaba esas señales y tomaba las decisiones sobre posibles cancelaciones. A ello se suman las conductas de los aspirantes y la posible participación de terceros que ofrecían ayuda, suplantación o acceso indebido a las respuestas. La propia Universidad informó durante la aplicación que la plataforma había operado de manera “óptima y estable” y que la supervisión correspondía a sus autoridades, respaldadas por herramientas de inteligencia artificial.
Sin embargo, una interpretación visible de la controversia eliminó buena parte de esa arquitectura: una empresa privada obtuvo un contrato millonario, su software falló y miles de estudiantes resultaron perjudicados. Esa narración puede contener elementos que deben investigarse, pero también anticipa una distribución de culpabilidad que las auditorías todavía no han establecido. El 5 de agosto, la propia UNAM anunció tres revisiones, una tecnológica, otra de su Contraloría y otra de la Auditoría Superior de la Federación, y sostuvo que no debía acusarse a la empresa sin evidencia. También confirmó que el sistema enviaba alertas, pero que personal universitario determinaba las cancelaciones. La pregunta no es solamente si esa versión es justa, sino por qué resulta tan apta para circular. La investigación acumulada durante casi una década ofrece una posible respuesta.
El hallazgo del 20 por ciento
En 2017, William Brady y otros investigadores analizaron más de medio millón de mensajes sobre asuntos políticos y encontraron que cada término adicional que combinaba una valoración moral con una emoción se asociaba con un aumento estimado de aproximadamente 20 por ciento en la difusión del mensaje. El efecto no aparecía con la misma intensidad cuando las palabras eran solamente emocionales o exclusivamente morales: la ventaja estaba en expresiones que simultáneamente calificaban una conducta y provocaban una reacción.
El resultado puede representarse de manera simplificada así:
En esta expresión, representa la difusión esperada sin términos moral-emocionales y la cantidad de palabras que reúnen ambos componentes. No es una ley universal ni significa que agregar mecánicamente determinadas palabras garantice la viralidad. Es la representación del efecto estadístico encontrado en aquellas conversaciones y bajo las condiciones de ese estudio.
La diferencia puede observarse entre dos maneras de describir un mismo acontecimiento. Una frase como “la Universidad debe revisar las obligaciones técnicas contratadas y el procedimiento de supervisión” distribuye la responsabilidad e introduce incertidumbre. En cambio, “un negocio inmoral permitió un fraude indignante contra jóvenes indefensos” contiene varias unidades moral-emocionales: negocio inmoral, fraude, indignante e indefensos. La segunda no necesariamente informa mejor, pero indica inmediatamente qué debe sentir el lector y a quién debe atribuir el daño.
El lenguaje moral-emocional también circuló con mayor fuerza dentro de comunidades ideológicamente afines. Esto significa que la publicación no sólo describe una conducta: funciona como una señal de pertenencia. Quien la comparte demuestra que reconoce la misma víctima, condena al mismo adversario y acepta la misma clasificación moral.
Identificar al enemigo resulta todavía más eficaz
Otro estudio publicado en 2021 encontró un efecto incluso mayor. Cada término que mencionaba al grupo político contrario se asoció con un aumento de 67 por ciento en las probabilidades relativas de que una publicación fuera compartida. El efecto del lenguaje contra el exogrupo fue más fuerte que el del afecto negativo general e incluso que el del lenguaje moral-emocional.
También puede expresarse, con las debidas reservas, como:
Aquí representa las odds o probabilidades relativas de ser compartido y la cantidad de términos dirigidos al exogrupo. No debe confundirse un aumento de 67 por ciento en las odds con un aumento de 67 puntos porcentuales en la probabilidad absoluta. Tampoco deben combinarse mecánicamente esta cifra y la del estudio de 2017, porque proceden de muestras y modelos diferentes.
El hallazgo, no obstante, explica por qué la indignación se vuelve más circulable cuando deja de dirigirse contra una decisión abstracta y encuentra un actor colectivo reconocible. No produce el mismo efecto decir “el protocolo tuvo controles insuficientes” que “los empresarios lucraron con el futuro de los estudiantes”. La segunda formulación reúne una falta moral, una víctima colectiva y un exogrupo previamente definido.
En el caso de la UNAM, “Territorium” puede dejar de designar a un proveedor con obligaciones contractuales delimitadas y convertirse en representación de categorías mucho mayores: la empresa privada, el lucro, la privatización o la corrupción. La responsabilidad ya no se deduce de una conducta comprobada, sino del lugar que el actor ocupa dentro de una oposición política previa.
La red enseña qué tipo de indignación obtiene recompensas
Las plataformas no sólo seleccionan contenidos. También enseñan a los usuarios qué formas de expresión reciben atención. Otro trabajo publicado en 2021 encontró que la retroalimentación positiva obtenida por mensajes de indignación moral aumentaba la probabilidad de que sus autores volvieran a expresarla posteriormente. El mecanismo es compatible con un proceso de aprendizaje social: una persona publica una condena, recibe republicaciones y aprobaciones, y aprende que esa forma discursiva es eficaz dentro de su comunidad.
El circuito puede representarse así:
No es necesario que los autores diseñen conscientemente una estrategia de manipulación. Después de varias experiencias, pueden interiorizar la estructura que obtiene mejores resultados. La condena contundente reemplaza a la duda; el culpable colectivo desplaza al análisis institucional; y la explicación de varias causas se sustituye por un conflicto moral de dos bandos.
La plataforma aprende simultáneamente. Si una publicación consigue más respuestas, republicaciones, citas o tiempo de atención, esas conductas pueden alimentar los sistemas de clasificación. Una auditoría del sistema de recomendación de Twitter demostró que la línea de tiempo algorítmica alteraba la exposición a contenidos políticos frente a una presentación cronológica. El estudio no prueba que la plataforma favorezca siempre una ideología determinada ni que haya amplificado deliberadamente la interpretación empresarial del caso UNAM, pero sí establece que el ordenamiento algorítmico no es un intermediario neutral: modifica qué contenidos reciben oportunidades adicionales de circulación.
La popularidad puede separarse de la calidad
La teoría de redes ofrece otra pieza. En espacios saturados de información, los usuarios no pueden evaluar exhaustivamente cada publicación y recurren a indicadores de bajo costo: quién compartió el mensaje, cuántas reacciones tiene, si coincide con interpretaciones conocidas o si aparece repetidamente en el feed.
Los modelos de competencia por atención limitada han mostrado que algunos contenidos pueden alcanzar una popularidad desproporcionada sin que exista una diferencia equivalente en su calidad. Cuando los sistemas utilizan la popularidad previa como señal para recomendar, las primeras fluctuaciones pueden amplificarse y cristalizar jerarquías que no necesariamente representan mejor el acontecimiento.
La secuencia es conocida como ventaja acumulativa:
La explicación compleja parte con una desventaja. Exige identificar actores, revisar competencias, separar obligaciones institucionales de prestaciones tecnológicas y conservar la incertidumbre mientras no concluyen las auditorías. La versión reducida puede procesarse en segundos:
La reducción no es simplemente una pérdida accidental de detalles. Produce un objeto mejor adaptado a la economía de la atención: fácil de comprender, emocionalmente intenso, políticamente reconocible y preparado para ser compartido.
El acontecimiento completo de la UNAM
El caso que debe explicarse es más complejo. Durante la aplicación, la Universidad informó que su personal y sus autoridades estaban a cargo de la supervisión. Las herramientas tecnológicas registraban evidencias y generaban alertas sobre conductas anómalas, pero esas señales eran analizadas por personas para tomar decisiones. La UNAM también exhortó expresamente a los aspirantes a no contratar servicios fraudulentos y a conducirse con integridad y honestidad académica.
Después de publicarse los resultados, la comisión técnica encontró un cambio sustancial en la parte superior de la distribución. Entre 2021 y 2025, alrededor de 3.5 por ciento de los aspirantes había obtenido 100 aciertos o más; en 2026, la proporción llegó a 16.3 por ciento. Quienes alcanzaron 110 aciertos o más pasaron de aproximadamente 0.9 a 5.5 por ciento. La comisión recomendó un examen presencial de control, con supervisión humana y versiones suficientes para los distintos turnos. Aclaró, sin embargo, que la medida no presupone una falta individual por parte de todas las personas convocadas.
La propia resolución universitaria reconoció dos grupos que la versión binaria tiende a fusionar: quienes pudieron recibir ayuda y quienes presentaron el examen con honestidad. El rector Leonardo Lomelí sostuvo que la ventaja indebida de algunos aspirantes habría perjudicado a quienes se prepararon y resolvieron la prueba por sí mismos. También pidió no recurrir a ayuda fraudulenta y señaló que hacer trampa daña la equidad del proceso.
Aquí aparece una omisión central del relato reducido: los estudiantes honestos desaparecen. La categoría general de “los estudiantes” integra a personas con comportamientos y situaciones muy diferentes: aspirantes que resolvieron legítimamente el examen, personas que pudieron haber hecho trampa, estudiantes afectados por el aumento artificial de los puntajes, participantes cuyo examen fue cancelado y aspirantes que obtuvieron resultados altos de manera válida.
Cuando todos son convertidos en una sola víctima colectiva, reconocer la agencia de quienes recurrieron a métodos fraudulentos se vuelve políticamente incómodo. La desigualdad, la presión académica y la dificultad para ingresar pueden explicar el contexto de una conducta, pero no eliminan la decisión individual ni el daño causado a otros aspirantes.
La reducción actancial
Desde la semiótica de Greimas, la operación puede entenderse como una reducción actancial. Los actores reales dejan de evaluarse por sus decisiones y se convierten en posiciones narrativas estables.
El estudiante ocupa el lugar del sujeto vulnerable y de la víctima. La empresa privada se convierte en oponente. La Universidad aparece como autoridad protectora que investiga, repara y sanciona. El contrato adquiere la función de objeto contaminado por el lucro. La eventual sanción contra el empresario funciona como restitución del orden moral.
Para que esta estructura permanezca estable deben desaparecer varias contradicciones:
El cuadrado moral se sostiene mediante asociaciones que no son necesariamente lógicas: vulnerabilidad equivale a inocencia; lucro equivale a culpabilidad; institución pública equivale a legitimidad; y empresa privada equivale a abuso. Pero una persona vulnerable puede actuar de manera deshonesta, una institución pública puede diseñar un procedimiento deficiente y una empresa puede cumplir o incumplir un contrato. Cada posibilidad debe examinarse mediante evidencia, no deducirse de la identidad política del actor.
Esto no implica exonerar a Territorium. La compañía debe responder si las auditorías encuentran que sus controles no funcionaron conforme a lo contratado, que no produjo las alertas prometidas, que perdió evidencias, que presentó capacidades que el sistema no tenía o que incumplió obligaciones de seguridad. La diferencia está en que esa responsabilidad debe construirse mediante una secuencia verificable:
La existencia de resultados anómalos no demuestra por sí sola cuál de esos eslabones falló.
Una explicación, no una medición de esta conversación
Los estudios citados no permiten afirmar que cada palabra moral haya producido exactamente 20 por ciento más difusión en la controversia de la UNAM, ni que cada referencia a los empresarios haya elevado en 67 por ciento la circulación de una publicación concreta. Para demostrarlo sería necesario contar con un corpus completo de mensajes, métricas de interacción, redes de republicación y grupos de comparación.
Lo que sí permiten es identificar una correspondencia estructural. La interpretación reducida del caso reúne precisamente los rasgos que la literatura ha asociado con una mayor capacidad de circulación: disminuye el costo cognitivo, incorpora lenguaje moral-emocional, identifica un exogrupo, activa una identidad política y produce una condena fácil de recompensar socialmente.
La relación puede sintetizarse así:
El algoritmo no necesita comprender la controversia ni tener una posición contra las empresas. Basta con que optimice señales de interacción. Si la representación más reducida produce más respuestas, condenas y republicaciones, adquirirá una ventaja indirecta sobre las explicaciones que conservan la incertidumbre.
La política como sustituto de la responsabilidad
El problema de fondo no es que las redes obliguen a mentir, sino que pueden favorecer una forma de verdad incompleta: aquella que conserva los elementos emocionalmente útiles y elimina los que dificultan la identificación inmediata de víctimas y culpables.
En el caso de la UNAM, la reducción permite cuestionar un contrato empresarial sin examinar con la misma intensidad el protocolo aprobado por la Universidad; presentar a los aspirantes como un sujeto homogéneo sin distinguir conductas; y exigir sanciones antes de que las auditorías establezcan qué obligación concreta fue incumplida.
El resultado es una ética basada menos en las acciones que en la adscripción política. Los actores no son juzgados primero por lo que podían decidir, lo que sabían y lo que hicieron, sino por la categoría a la que pertenecen. La vulnerabilidad concede inocencia; el lucro genera sospecha; lo público atenúa la responsabilidad y lo privado la concentra.
La controversia por Territorium muestra así algo más amplio que un conflicto universitario. Expone cómo un acontecimiento con múltiples causas puede transformarse en una narración moral de baja dimensionalidad. Greimas permite observar la reducción de los actores a funciones; la teoría de redes explica la ventaja acumulativa de los mensajes que obtienen una reacción inicial; y los estudios sobre difusión muestran que la moralización emocional y la identificación de un enemigo ofrecen recompensas cuantificables. La narrativa más visible no necesariamente es la que explica mejor el acontecimiento. Puede ser, sencillamente, la que convierte con mayor eficiencia la complejidad en indignación.
