El gobierno federal abrió una discusión sobre los riesgos de las redes sociales y el uso de teléfonos en las escuelas. Las propuestas presentadas por Jonathan Haidt y Arturo Béjar colocan en el centro el diseño adictivo de las plataformas, pero también plantean restricciones desarrolladas en otros países que todavía no han demostrado sus resultados y que podrían tener efectos distintos en un contexto de inseguridad y brecha digital como el mexicano.
El gobierno de México comenzó a construir una propuesta para regular el uso de plataformas digitales y redes sociales entre niñas, niños y adolescentes. El proceso incluye foros regionales programados para el 19 de agosto en Nuevo León, el 3 de septiembre en Chiapas y el 17 de septiembre en Guerrero, además de conferencias públicas destinadas a presentar evidencia y conocer experiencias internacionales antes de elaborar una iniciativa para el Congreso de la Unión. Hasta ahora no existe un proyecto legislativo definitivo, por lo que las medidas concretas todavía se encuentran en discusión.
Como parte de este proceso, el psicólogo social Jonathan Haidt y el especialista en seguridad digital Arturo Béjar participaron este lunes 3 de agosto en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum. Haidt pidió a México adoptar dos de las principales normas promovidas por su movimiento internacional: separar a todos los estudiantes de sus teléfonos durante la jornada escolar y elevar a 16 años la edad mínima para abrir cuentas en redes sociales.
El autor de La generación ansiosa sostuvo que la infancia cambió entre 2010 y 2015, cuando los teléfonos inteligentes y las redes sociales comenzaron a ocupar una parte central de la vida cotidiana. Según su diagnóstico, las empresas emplearon algoritmos para capturar durante el mayor tiempo posible la atención de cada menor, mientras presentaban a niñas, niños y adolescentes como “nativos digitales” capaces de utilizar estas tecnologías sin consecuencias significativas.
Haidt relacionó esta transformación con una menor capacidad de atención y aprendizaje, una reducción en los resultados escolares y la comprensión lectora, así como con un aumento de la soledad dentro de las escuelas. También pidió al gobierno mexicano seguir los ejemplos de Australia, Indonesia y varios estados de Estados Unidos, y recomendó no considerar fallidas las políticas que sólo consiguieran reducir parcialmente el acceso infantil a las plataformas. En su intervención afirmó que el mundo comienza a unirse alrededor de estas medidas y ofreció la colaboración de su equipo para implementarlas en México.
Béjar dirigió el análisis hacia el funcionamiento interno de las plataformas. El exdirector de ingeniería de Facebook identificó varias funciones que operan conjuntamente para prolongar el uso: el desplazamiento infinito, la reproducción automática de videos, las recomendaciones algorítmicas, las notificaciones constantes y los mecanismos de presión o comparación social.
Según explicó, las redes sociales fueron construidas alrededor de dos objetivos comerciales: capturar la atención durante el mayor tiempo posible y ampliar las conexiones entre personas que no se conocen. Esta combinación puede exponer a los menores a contactos sexuales no solicitados, contenido relacionado con autolesiones, suicidio o trastornos alimentarios y recomendaciones cada vez más extremas producidas por los sistemas de personalización.
Béjar presentó cifras obtenidas mediante encuestas realizadas a alrededor de 240 mil personas usuarias de Instagram. De acuerdo con los datos expuestos durante la conferencia, uno de cada cinco adolescentes recibía en una semana contenido que afectaba la percepción de su cuerpo o de sí mismo; uno de cada ocho enfrentaba insinuaciones o acoso sexual, y uno de cada once encontraba publicaciones relacionadas con autolesiones o suicidio más de una vez durante ese periodo.
La comparación que utilizó fue la industria tabacalera. A su juicio, las plataformas atribuyen los daños a las decisiones individuales de los usuarios mientras conservan funciones diseñadas para incrementar el tiempo de consumo. Los controles parentales y las cuentas especiales para adolescentes no resolverían el problema si los algoritmos continúan permitiendo búsquedas, recomendaciones y contactos capaces de superar esas barreras.
Una receta internacional impulsada por una campaña
Haidt es un activista promotor activo de políticas públicas. Durante la conferencia presentó su libro y la plataforma de The Anxious Generation Movement, una organización creada para convertir las conclusiones de su publicación en cuatro normas internacionales: escuelas sin teléfonos durante toda la jornada, ausencia de teléfonos inteligentes antes de preparatoria, prohibición de cuentas en redes sociales antes de los 16 años y mayor autonomía y juego presencial para la infancia.
La organización se define como un movimiento financiado completamente por filantropía y recibe donaciones mediante una cuenta administrada por la Escuela de Negocios Stern de la Universidad de Nueva York. Su página también ofrece una suscripción pagada a la publicación de Haidt y Zach Rausch y utiliza su base de seguidores para realizar llamados a la acción política.
El respaldo financiero de monto público más importante localizado hasta ahora proviene de la Tuchman Family Foundation, que en abril de 2025 anunció una aportación multianual de 255 mil dólares. La fundación explicó que los recursos permitirían ampliar la investigación y financiar el trabajo de cambio político y cultural de la campaña. El movimiento no publica una relación completa de sus donantes ni los montos de todas las aportaciones recibidas.
La existencia de financiamiento privado, ingresos editoriales o una estrategia de incidencia no invalida por sí misma las investigaciones de Haidt. Sí hace necesario presentar su participación con transparencia: no compareció únicamente como un evaluador externo de distintas alternativas, sino como representante de una campaña internacional con una solución definida de antemano y una estructura profesional para conseguir que gobiernos y escuelas la adopten.
Esta distinción resulta especialmente importante porque Haidt presentó la expansión de las restricciones como evidencia de que México debería seguir la misma ruta. La adopción de una política en distintos países puede mostrar que existe una preocupación compartida, pero todavía no demuestra por sí misma que la medida produzca los beneficios educativos, psicológicos o sociales que se le atribuyen.
Australia reduce las cuentas, pero todavía no demuestra los beneficios
Australia se convirtió el 10 de diciembre de 2025 en el primer país que obligó a una amplia lista de plataformas a tomar medidas razonables para impedir que menores de 16 años conservaran o abrieran cuentas. Facebook, Instagram, Reddit, Snapchat, TikTok, Twitch, X y YouTube se encuentran entre los servicios sujetos a la restricción.
Los primeros datos publicados por la autoridad australiana muestran un efecto parcial. Antes de la implementación, 49.7 por ciento de los padres encuestados informó que sus hijos tenían una cuenta en al menos una plataforma restringida. Después de la entrada en vigor, el porcentaje disminuyó a 31.3 por ciento. La reducción es significativa, pero también indica que casi uno de cada tres menores conservó alguna cuenta.
Entre las familias cuyos hijos mantuvieron el acceso, 66.8 por ciento señaló que la plataforma todavía no les había solicitado comprobar su edad. Otros reportaron errores en los sistemas de verificación, uso de identificaciones ajenas, maquillaje para evadir las estimaciones faciales, creación de nuevas cuentas o empleo de redes privadas virtuales.
La experiencia australiana no puede considerarse todavía una política completamente fallida, pero tampoco una solución comprobada. Los resultados iniciales miden cuentas eliminadas o conservadas; no permiten saber si la medida mejoró la salud mental, el aprendizaje, la convivencia escolar o la capacidad de atención. El regulador comenzó una evaluación longitudinal para estudiar los beneficios, las formas de evasión y las consecuencias imprevistas durante los próximos años.
Por ello, la reducción de aproximadamente un tercio mencionada por Haidt no confirma todavía que la política haya cumplido sus objetivos de fondo. Demuestra que una parte de los menores perdió el acceso, pero también que las plataformas tuvieron dificultades para identificar edades y que una proporción relevante encontró formas de conservar sus cuentas.
El contexto mexicano cambia el problema
México no parte de las mismas condiciones materiales que Estados Unidos o Australia. Aunque el acceso a internet se ha extendido, permanece distribuido de manera desigual y depende principalmente del teléfono móvil. En 2025, 86.1 por ciento de la población de seis años o más utilizó internet; el porcentaje fue de 88.9 en zonas urbanas y de 75.2 en las rurales. La diferencia de 13.7 puntos porcentuales muestra que la brecha territorial continúa siendo considerable.
Entre las personas usuarias de internet, 97.3 por ciento se conectó mediante un teléfono inteligente, mientras sólo 36.2 por ciento utilizó una computadora. Además, únicamente 44.7 por ciento de los hogares mexicanos disponía de una computadora de escritorio, una laptop o una tableta. En muchos hogares, por tanto, el teléfono no es un dispositivo adicional dentro de un conjunto de opciones tecnológicas, sino la principal o única puerta de entrada a internet.
Retirar el dispositivo puede tener efectos diferentes dependiendo de las condiciones de cada familia. Para algunos estudiantes significará eliminar una distracción durante las clases; para otros puede suponer perder temporalmente el acceso a materiales escolares, mensajería, información, plataformas educativas o comunicación con las personas responsables de recogerlos.
La seguridad también modifica el significado del teléfono. Una parte de los estudiantes mexicanos realiza trayectos largos, utiliza transporte público o debe coordinar cambios de ruta y horarios con sus familias. Al cierre de 2025, 63.8 por ciento de la población adulta de las principales ciudades consideraba inseguro vivir en su localidad y 64.9 por ciento se sentía insegura en las calles.
El propio Manual de Seguridad Escolar de la Secretaría de Educación Pública reconoce que algunos planteles están expuestos a enfrentamientos con armas de fuego, bloqueos, amenazas y otros hechos violentos. El documento recomienda establecer redes de comunicación con las familias, utilizar mensajes a teléfonos celulares y mantener canales de contacto exterior durante las emergencias. También advierte que evitar el uso de la telefonía móvil sin disponer de sistemas alternativos puede incrementar la vulnerabilidad de una escuela.
Esto no significa que los estudiantes deban utilizar libremente sus dispositivos durante las clases. Significa que una política nacional necesita distinguir entre usar un teléfono permanentemente y conservarlo apagado o guardado para el traslado, la salida y las emergencias. Separar a los menores de las aplicaciones durante una lección no es equivalente a mantenerlos incomunicados durante toda la jornada.
Antes de establecer una prohibición general, cada plantel tendría que contar con protocolos capaces de sustituir la comunicación directa: líneas funcionales, personal disponible, directorios actualizados, sistemas de aviso masivo, atención a necesidades médicas y procedimientos para devolver los dispositivos cuando exista una contingencia. Sin esas condiciones, la aplicación puede ser muy distinta entre una escuela privada con infraestructura completa y un plantel rural o urbano que opera con recursos limitados.
Proteger a la infancia sin expulsarla del entorno digital
México también necesita diferenciar la regulación del diseño de las plataformas de la prohibición de acceso. Limitar el desplazamiento infinito, la reproducción automática, las notificaciones invasivas, el perfilamiento comercial o el contacto automático con desconocidos puede reducir riesgos sin impedir que los menores desarrollen capacidades digitales.
Una restricción basada únicamente en la edad puede trasladar el problema hacia sistemas de verificación mediante documentos, análisis facial o estimaciones biométricas. También puede provocar que adolescentes migren a plataformas menos reguladas, compartan cuentas, oculten sus actividades a sus familias o lleguen a los 16 años sin una formación gradual para reconocer fraudes, manipulación algorítmica, violencia y riesgos para la privacidad.
UNICEF ha advertido que las restricciones de edad por sí solas no garantizan la seguridad y pueden resultar contraproducentes. La organización reconoce los daños reales que enfrentan los menores, pero considera que las prohibiciones deben acompañarse de plataformas diseñadas de manera segura, moderación eficaz, herramientas de verificación respetuosas de la privacidad, alfabetización digital y participación de las propias infancias en las decisiones que afectan su vida en línea.
La alternativa no consiste en abandonar a los menores frente a productos diseñados para capturar su atención. El Estado puede exigir que las cuentas infantiles operen con recomendaciones limitadas, ausencia de publicidad personalizada, controles predeterminados de privacidad, prohibición de contacto no solicitado y mecanismos accesibles de denuncia. Las escuelas pueden establecer periodos sin teléfono, enseñar alfabetización algorítmica y evaluar proyectos piloto antes de aplicar una sola regla a todos los planteles.
El gobierno mexicano ya ha expresado que el objetivo de la discusión no es regresar a una época anterior a los dispositivos ni demonizar la tecnología. La Secretaría de Educación Pública ha planteado la necesidad de combinar acceso, alfabetización digital, pensamiento crítico, acompañamiento pedagógico y cierre de brechas. Esa posición ofrece espacio para que los próximos foros no se limiten a decidir a qué edad debe prohibirse una plataforma, sino que examinen qué obligaciones deben asumir las empresas y qué condiciones necesitan las escuelas mexicanas.
La discusión abierta por el gobierno responde a un problema legítimo. Las plataformas digitales mantienen funciones que pueden intensificar la exposición a violencia, acoso, sexualización y contenidos nocivos. Sin embargo, una política pública nacional requiere algo más que importar una tendencia internacional: necesita evidencia mexicana, transparencia sobre las organizaciones que promueven cada medida, evaluación independiente y reconocimiento de que acceso, seguridad y protección no tienen el mismo significado en todos los países.
México no tiene que elegir entre permitir que las plataformas diseñen productos contra la infancia o expulsar a niñas, niños y adolescentes del entorno digital. Puede obligar a las empresas a cambiar esos productos, enseñar a los menores a reconocer sus riesgos y preservar los medios de comunicación que necesitan para desenvolverse en un país marcado simultáneamente por la conectividad móvil, la desigualdad y la inseguridad.
